El Pinabete: rescate en puerta // Tráfico de concesiones mineras // Barones, red de complicidades
LOS TIEMPOS SE aprietan, pero parece que comenzará el proceso de rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, pues la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa (presente desde el primer momento en el área siniestrada), anunció: “podemos ingresar ya a los tres pozos y se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y salvamento” de los trabajadores.
DICHA MINA SE localiza en la zona carbonífera de Coahuila, en la que prevalecen el mercado negro de concesiones mineras, los prestanombres para ocultar a los verdaderos beneficiarios, la presencia de cacicazgos y, en el cuento de nunca acabar, la connivencia entre éstos y las supuestas autoridades municipales, estatales y federales. Ayer, el presidente López Obrador dijo que “de manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Seguramente es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios”. Por eso, dijo, “hemos pedido a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad”.
RECORDÓ QUE “UNO de los empresarios más famosos de esa región prestaba el avión a un gobernador (Rubén Moreira, aunque no sólo a él). Ese era el nivel de contubernio” entre el poder económico y el político (éste al servicio del primero). “Ha habido mucha corrupción, es lo que ha imperado, cacicazgos y mucha influencia política, gobernadores caciques y empresarios también corruptos, vinculados a políticos”. Y el patrón se repite en todas las zonas mineras de la República, que no son pocas.
PERO EN EL caso concreto del personaje referido por el mandatario no hay que esforzarse, pues se trata de Alonso Ancira (el de Agronitrogenados y Emilio Lozoya), entre otras cosas amo y señor de Coahuila, donde, gracias a la política privatizadora del salinismo, estableció su imperio y se convirtió en el zar del acero y el carbón, de tal suerte que todo (desde negocios sucios, tráfico de concesiones mineras, neolatifundismo, financiamiento de campañas políticas, imposición de funcionarios, hasta medios de comunicación y sindicatos blancos a su servicio) confluye hacia él, como sucede en otras entidades de la República con, por ejemplo, Larrea, en Sonora, Bailleres, en Zacatecas, y así por el estilo.
POR ELLO, ES pertinente retomar lo que una década atrás denunció el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, porque transcurrido el tiempo ninguna autoridad ha hecho el mínimo esfuerzo para evitar prácticas como las descritas ni meter en cintura a los barones de la minería. Dijo el actual senador de la República: “muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros, sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado. Por ejemplo, Fox entregó más de 400 concesiones mineras a Germán Larrea, cada una de ellas con miles de hectáreas”. ¿Y dónde está la autoridad federal que supervise y/o evite todo ello?
POR DEMÁS RELEVANTE es la información publicada por La Jornada: en Coahuila se extrae carbón “al amparo de concesiones sobre las que existe escasa información respecto de sus propietarios reales”, pero son los grades grupos mineros (como los de Ancira y Larrea) los que “explotan los terrenos (…) y, de acuerdo con fuentes sindicales, fraccionan las concesiones y las trasladan a otras compañías que las operan en cuanto las condiciones del mercado hacen subir el valor del mineral… La compañía que formalmente opera la mina El Pinabete no ha emitido un pronunciamiento sobre los hechos. Las autoridades de las secretarías del Trabajo y de Economía tampoco se han pronunciado sobre los propietarios reales o formales de la empresa ni han dado a conocer los resultados de las inspecciones sobre las condiciones de trabajo, según registros oficiales. Es una práctica usual en la región que grandes empresas se hacen de concesiones mineras que luego fraccionan y trasladan a otros propietarios”.