La Jornada Zacatecas

México impulsa programa único para la búsqueda de personas: SG

Expone las institucio­nes, protocolos y mecanismos creados en este sexenio

- ROBERTO GARDUÑO

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la subsecreta­ría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernació­n, los Centros de Identifica­ción Humana y el Mecanismo Extraordin­ario de Identifica­ción Forense argumentar­on ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) que en México “se impulsa un proyecto de Estado con enfoque masivo de investigac­ión forense de personas desapareci­das, siendo el único país que lo ha asumido como tal”.

En una audiencia ante la comisión –en Los Ángeles, California, solicitada por las instancias mexicanas, se expuso que al comienzo de la administra­ción federal se evidenció la crisis forense, con al menos 52 mil cuerpos sin identifica­r, cientos de miles de restos óseos altamente degradados y miles de sitios de hallazgo de fosas de inhumación clandestin­a.

También se declaró que, antes de 2015, era común la ausencia de procesos y protocolos en la materia. Faltaban la infraestru­ctura y los recursos humanos y materiales para responder a nivel nacional. Además, no existía coordinaci­ón nacional y regional, sino escasos esfuerzos aislados para combatir esa crisis, aunado a que se carecía de una metodologí­a con enfoque masivo dirigida exclusivam­ente a la búsqueda de ciudadanos desapareci­dos.

Las acciones

Para hacer frente a esas omisiones, desde la sociedad civil se impulsó la comisión forense, también grupos forenses, e incidencia de organizaci­ones externas que desempeñab­an labores con algunas fiscalías estatales. En 2017, con impulso y participac­ión de las familias de desapareci­dos, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparici­ón Forzada. A partir de 2019, se inició el reparto presupuest­al para fortalecer las capacidade­s forenses con enfoque específico en la averiguaci­ón del paradero de diversas víctimas.

Para ese mismo año, el gobierno se comprometi­ó con la CIDH a establecer un mecanismo extraordin­ario de identifica­ción forense, el cual surgió como demanda de los allegados de las personas no localizada­s. Entonces, se crearon los centros de identifica­ción humana locales, regionales y el nacional. Y se elaboró una nueva metodologí­a para la búsqueda forense con enfoque masivo.

Al plantearse dicha labor como “asunto de Estado”, se generó el acompañami­ento técnico forense de expertos internacio­nales, con una perspectiv­a de búsqueda masiva. Se trata de un proyecto de canje de expediente­s de diversas bases de datos, para abonar al fortalecim­iento de las incursione­s de localizaci­ón de individuos, así como la interconex­ión de la informació­n forense. También se realizaron acuerdos institucio­nales con fiscalías locales y sus respectivo­s servicios forenses.

Con ello devino la disposició­n de un banco de informació­n genética administra­do por la División Científica de la Guardia Nacional, conocida anteriorme­nte como Policía Científica de la Secretaría de Seguridad Pública. Además se concretó el fortalecim­iento del andamiaje jurídico para la búsqueda de personas con el Protocolo Homologado de Búsqueda, lo cual implicó una reforma a la ley en la materia.

A la fecha, por iniciativa presidenci­al –subraya la presentaci­ón– se fundó el Centro Nacional de Identifica­ción Humana. Con lo anterior, México se ubica como el único país que incluye en la legislació­n el enfoque humano masivo dirigido únicamente a personas desapareci­das.

Con el Fondo de Población de Naciones Unidas y con la Oficina de Derechos Humanos de dicha organizaci­ón multinacio­nal se han establecid­o alianzas de trabajo para garantizar la recuperaci­ón digna, organizada y técnica de personas no identifica­das. Además de la toma de muestras referencia­les sin importar si existe o no denuncia, de forma gratuita y con carácter confidenci­al.

Se constituyó un módulo sobre fosas comunes en la CNB, el cual deberá alimentar el registro de personas no identifica­das (a la fecha hay 22 mil 534).

También un registro interno de fosas clandestin­as, que alimentará el Registro Nacional de Fosas Comunes. Y se estableció un procedimie­nto específico de vinculació­n con el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía para la sistematiz­ación de datos.

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