Un bien público convertido en mercancía
El lunes pasado mencioné aquí los problemas que tendremos por la escasez de lluvias, el aumento de temperatura y la sequía. Y cómo algunos embalses claves para dotar de agua a los hogares y las actividades económicas estaban muy por debajo de su nivel. Es el caso del Sistema Cutzamala, integrado por los de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que proporcionan parte del líquido que se consume en la Ciudad de México y su área conurbada. No era la mía una advertencia exagerada, pues la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció después que viviremos una sequía muy severa en marzo, abril y mayo por falta de lluvias. Y que se suma a la de los tres últimos años. La Ciudad de México recibirá 24 por ciento menos agua del Cutzamala, en comparación con 2019. Entonces fueron 10.5 metros cúbicos por segundo. Ahora apenas ocho. Con el agravante de que los embalses del Cutzamala están a la mitad de su capacidad de almacenamiento. Igual los pozos y el Sistema Lerma.
Las alcaldías más afectadas son las que siempre tienen problema de abasto: Iztapalapa, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán. También las otras 11 en menor grado. Y para enfrentar la situación, las autoridades anunciaron una estrategia para maximizar las fuentes de abasto, ahorrar agua, distribuirla equitativamente a través de 600 pipas donde no llega por la red, y una mejor coordinación entre los gobiernos de la metrópoli. Además, construirán una planta de bombeo en el Sistema Lerma, se reforzará la atención a pozos y plantas potabilizadoras para beneficiar a más de 4 millones de habitantes. Cabe señalar que el sector industrial cuenta con sus propio sistema de abasto vía pozos concesionados por la Comisión Nacional del Agua. La mandataria anunció que se buscará que la industria ceda parte del líquido que extrae, en beneficio de la población.
El problema de no contar con agua suficiente y de buena calidad en los hogares data de sexenios anteriores. En cada uno se prometió resolverlo. Todo queda en promesa. Así, el líquido lo acaparan poderosos intereses económicos y las clases sociales más favorecidas por la fortuna. En cambio, son los grupos con menos ingresos los que más dinero gastan en proveerse del líquido cuando no les llega por la red pública. Y la que sí, no es apta para beber ni cocinar. Se ven obligadas a comprarla en garrafones, un próspero negocio. Un bien público convertido en mercancía.
A la par, los asentamientos humanos y las actividades industriales crecen sin mínima planeación. Como en las entidades fronterizas con Estados Unidos. Todos los estudios muestran desde hace décadas que escasea el líquido por mal uso, acaparamiento y carencia de políticas públicas que garanticen un ordenamiento territorial acorde con el ambiente
Sigue sin aprobarse en el Congreso la nueva ley de aguas. Primero los intereses privados, al final los de la gente
y los recursos naturales, en especial el agua. El jueves pasado Abraham Nuncio mostró la injusticia que distingue al estado de Nuevo León y Monterrey, su capital, en la dotación de agua, desde siempre en favor del gran capital. Ese día toda la entidad fue declarada en crisis hídrica.
Las medidas que ahora se anuncian para la Ciudad de México y su zona conurbada y en otras regiones del país, son paliativos que aplazan la solución integral del problema. Por ejemplo, ausentes las obras para captar al máximo el agua de lluvia y utilizarla para llenar los grandes embalses y el manto freático. Ningún centro urbano trata las aguas negras de los hogares y la industria, como exige la ley. Van a dar a las cuencas hidrográficas, contaminándolas al extremo. En fin, no se cumple la norma constitucional que ordena proveer a la población de agua de calidad y suficiente. Ni el derecho a la salud, pues el agua contaminada ocasiona muchas enfermedades. Por si fuera poco lo anterior, hace ocho días destacó el peligro de que la sequía y la falta de lluvias ocasionen incendios devastadores. Con el agravante de que perdemos cada año decenas de miles de hectáreas boscosas, las fábricas naturales de agua.
Pese a tan sombrío panorama, sigue sin aprobarse en el Congreso la nueva ley de aguas. Primero los intereses privados, al final los de la gente. de todos los cargos, de conformidad con la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Ross Wells, del programa comunitario para El Salvador de la Washington Ethical Society, dice en carta enviada al
(en respuesta al artículo de León Krauze “la escala de la nueva prisión de El Salvador es difícil de comprender”) que “los encarcelamientos masivos del presidente Bukele tienen un lado oscuro. El ‘estado de excepción’ también se utiliza para perseguir a sus oponentes políticos y consolidar su dictadura. Las detenciones son sólo las últimas medidas autoritarias, empezando por el envío por Bukele de tropas a la Asamblea Nacional para doblegar a los legisladores a su voluntad. Llenó a los tribunales con sus aliados, que luego dictaminaron que los presidentes pueden ejercer más de un mandato. El ‘estado de emergencia’ de Bukele es el encubrimiento de una dictadura. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie” (https:// wapo.st/425K03J).
Es también urgente que el gobierno de México se pronuncie y condicione préstamos y apoyos a proyectos en El Salvador, al total respeto de los acuerdos de paz, empezando por la inmediata liberación de los cinco defensores del agua.
Felicidades a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de El Salvador –de la cual don Antonio Pacheco, uno de los cinco presos políticos, es director ejecutivo–, por sus 30 años de lucha y liderazgo en la prohibición de la minería metálica.