Dueños de casinos demandan al gobierno federal impuesto ad hoc

Con un mercado tasado en 10 mil millones de dólares anuales (en operación y flujo), el sector de operadores y permisionarios de casinos solicita al gobierno federal que aplique un impuesto único a sus ganancias y operación, que sea distribuido por la hacienda pública a estados y municipios

En la tercera Convención Internacional de Juegos con Apuesta, a la que acuden 400 empresarios y especialistas de Costa Rica, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, España, Brasil y Colombia, los casineros reiteraron que “nunca hacemos una intermediación entre un prestador de servicios y nuestros clientes”, y se comprometieron a cumplir “plenamente la concesión –las condiciones que se exigen con los permisos–, porque somos nosotros quienes de forma directa ofrecemos el servicio”.

En la conferencia organizada por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA), los asistentes coincidieron en que “a partir de 2016 y 2017 se registró la sobrerregulación impositiva, se nos vino una serie de tributos indirectos y nos decían desde la autoridad que se aplicaría al jugador. Nosotros tenemos una obligación social, que es aportar a la Federación, a los estados y los municipios, porque queremos ser fuente de riqueza. Algo que nos reconocieron los ayuntamientos es que sí había recaudación, y eso es lo que pretendemos que se haga con una regulación actualizada.”

También aseguraron tener “gran aceptación social a raíz de la pandemia; está industria se puede clasificar como de salud pública, y lo digo aunque me critiquen”, expuso uno de los ponentes.

Uno de los temas que hizo coincidir a los propietarios y operadores de casinos fue el de la regulación fiscal, pues “necesitamos un impuesto único que se cobre de parte de la autoridad. Debemos buscar convencer a los congresistas de cómo una buena reforma hacendaria nos ayudará a todos.

“¡Que se grave la ganancia, no la expectativa de ganancia! Hay que convencer al Congreso de que la actual base es incomprensible. Debemos dar el mensaje correcto a la autoridad: no buscamos que no nos grave; queremos contribuir con el gasto público, con reglas claras, con un impuesto

a la actividad que hacemos.