La iniciativa sobre desaparición forzada “fue enviada tarde y mal”
No toma en cuenta a familiares de víctimas, señalan en foro
Organizaciones civiles y familiares de Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, presa en el penal de Tepepan, realizaron una “visita colectiva” para exigir su inmediata libertad, “ya que está recluida injustamente desde hace dos años cinco meses”.
En la explanada de ingreso al Centro de Readaptación Femenil, decenas de activistas y artistas llevaron a cabo una batucada, gritaron consignas mientras cargaban pancartas con leyendas como: “La comandanta es inocente”, “Nestora, una luchadora por la seguridad y la justicia por los pueblos de Guerrero”.
Durante las cinco horas que duró el acto se organizaron diferentes grupos de cuatro personas para pasar a la penitenciaría. En principio las autoridades les negaron el acceso, pero ante la insistencia, los manifestantes pasaron en bloques.
Primero ingresaron la actriz Julieta Egurrola, Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Arturo González, quien realizó el documental Llévate mis amores, que trata de Las Patronas, el grupo de mujeres que todos los días cocinan y regalan comida a los migrantes que viajan en el tren conocido como La Bestia.
“Que no la dejen sola”
Zayda Rodríguez Salgado visitó a su madre desde temprano. Al salir agradeció el apoyo: “Me pidió que por favor no la dejen sola e insistan en su libertad. También exhortó a que las autoridades de la embajada de Estados Unidos en México asistan a la audiencia que se realizará este viernes en Chilpancingo, Guerrero”.
Agregó que Nestora también insistió en que el fiscal de la entidad desista de las acusaciones “injustas” que le hicieron administraciones pasadas por secuestro y delincuencia organizada.
Por separado, Sandino Rivero, abogado de Nestora, señaló que en la actualidad existen tres procesos penales en contra de la comandanta, por secuestro agravado, homicidio y robo. “El próximo viernes hay una audiencia en un recurso de apelación que presentamos para el tema de la reposición de procedimiento en uno de los procesos de Nestora, porque cuando le tomaron su declaración preparatoria no le dieron a conocer su derechos de contacto y asistencia consular, ya que tiene la doble nacionalidad.
“Además de toda esta parte legal, hay un tema que podría implicar la libertad de Nestora de manera inmediata, y que tiene que ver con la voluntad política del gobierno de Guerrero. El fiscal general del estado se puede desistir de todas las acusaciones y ella quedaría libre”, indicó. Familiares de personas desaparecidas protestaron ayer frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y que se inicie una investigación en contra del funcionario.
Procedentes de Cardel, Córdoba, Fortín de las Flores, Orizaba, Tierra Blanca, Veracruz y Xalapa, a las 6 horas los inconformes colocaron en la entrada principal del edificio un tendedero con mantas con los rostros y fichas de búsqueda de sus familiares, impidiendo la entrada a los trabajadores de la dependencia.
Lucía de los Ángeles Díaz, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, dijo: “queremos la renuncia de Arturo Bermúdez Zurita, secretario de seguridad pública, y una investigación en donde explique ¿ de qué manera, si por acción u omisión, ha sucedido todo esto? Porque la policía de Veracruz ha sido sistemática en la desaparición de muchachos”.
El pronunciamiento de cuatro colectivos de madres buscando a sus hijos tiene lugar después de que la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca confirmó los vínculos entre la policía es- La iniciativa de ley general contra la desaparición forzada fue enviada “tarde y mal” por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, además de que en esta tardanza contó con la complacencia del Legislativo, que dejó de hacer su trabajo, señalaron participantes en un foro sobre el tema.
En el foro Desaparición forzada de personas, la ley que falta, representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, académicos y expertos, así como familiares de víctimas afirmaron que el primer paso es tomar conciencia de la gravedad del problema que vive el país, el cual adquiere ya tintes de carácter humanitario, dado el creciente número de personas que se ven afectadas.
En una larga lista de cuestionamientos, los participantes de la sociedad civil criticaron la tardanza para la discusión y eventual aprobación de dicha ley, la cual, en caso de aprobarse en este periodo legislativo de febrero-abril, no tendrá los recursos económicos suficientes para su implementación sino hasta el próximo año.
Organizado por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, en el foro se cuestionó que la iniciativa presidencial –enviada al Senado el pasado 10 de diciembre, apenas cinco días antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones– no retome muchos de los planteamientos presentados por las familiares de las víctimas.
En diversas mesas de trabajo, varios de los ponentes señalaron la urgencia de realizar las transformaciones estructurales a fin de contrarrestar el patrón general y sistemático que priva en el país, que es de graves violaciones a los derechos humanos, impunidad y falta de acceso a la justicia. Advirtieron que la iniciativa presenta graves fallas que podrían prácticamente hacerla “inoperante”.
Carlos Karim Zazueta, investigador de Amnistía Internacional México, dijo que a pesar de que la iniciativa presenta avances importantes, todavía tiene muchos puntos que están por debajo de los estándares internacionales. “Existen muchos detalles que podrían hacer que la ley no funcione”, dijo.
Michel Chamberlain, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que a pesar de que esta ley debiera tener una “altísima prioridad”, dada la dimensión del problema, no hay recursos ni personal suficiente para que opere.
Comentó que unidades de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) tienen apenas 25 agentes del Ministerio Público, cada uno con más de 40 casos, notoriamente insuficientes para un país donde se estima en más de 26 mil el número de desapariciones. “No se tiene idea de las fosas clandestinas, pero ni siquiera podemos identificar los cuerpos que hay en las fosas comunes”, destacó.
Héctor Cerezo, de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, presentó una lista de 15 observaciones sobre fallas en la iniciativa presidencial, como el hecho de eludir la responsabilidad de las fuerzas armadas en los casos de desaparición forzada, así como la enorme impunidad.
Jesús Zambrano, presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados, llamó a todas las comisiones involucradas en dictaminar dicha ley a colocar este tema dentro de los primeros temas a resolver en el periodo ordinario que se inicia el primero de febrero.