De los 594 legisladores brasileños, 60 por ciento son investigados por corrupción
Cunha, diputado impulsor del impeachment, enfrenta varios cargos, incluido el de lavado de dinero
El juicio político a la presidenta suspendida Dilma Rousseff ha enfocado los reflectores sobre la corrupción entre los legisladores brasileños. Según las organizaciones de vigilancia, 60 por cieto de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por delitos o enfrentan acusaciones de corrupción. Estos incluyen a los tres hombres en la línea sucesoria en caso de que Rousseff sea destituida.
Primero en la línea: presidente interino y vicepresidente Michel Temer.
En un acuerdo para declarar a cambio de una reducción de sentencia, un ex senador y director de la petrolera estatal Transpetro vinculó a Temer directamente con la gran investigación por corrupción centrada en la gigantesca compañía estatal Petrobras.
Según Sergio Machado, en 2012 Temer le pidió destinar 400 mil dólares en sobornos de Petrobras al candidato a alcalde de Sao Paulo, Gabriel Chalita, del partido de Temer. Machado dijo que los pagos se realizaron en forma de donaciones de campaña de la compañía constructora Queiroz Galvao. Temer niega haber cometido delito y no ha sido acusado.
Otro ex senador convertido en testigo de cargo acusó recientemente a Temer de designar a un cabildero para distribuir sobornos de 1997 a 2001 en negocios de etanol en los que participa Petrobras. Temer también lo niega.
El actual presidente interino no puede postularse a cargos de elección durante los próximos ocho años porque la corte electoral de Sao Paulo lo encontró culpable de violar las leyes de gastos de campaña en 2014.
Segundo en la línea: Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados.
Un asesor íntimo de un gobernador condenado por participar en un plan de contratos sobrefacturados a muchas empresas dijo que Maia recibió donaciones ilegales en su campaña.
La investigación se remonta a 2010. Maia lo niega y no ha sido acusado.
Tercero en la línea: Renan Calheiros, presidente del Senado.
Calheiros sería presidente interino cuando Temer y Maia se encontraran fuera de Brasil. El Tribunal Supremo Federal investiga a Calheiros por el caso Petrobras. Él niega haber cometido delito alguno.
Sergio Machado, ex senador y ex jefe de Transpetro, dijo que Calheiros recibió sobornos por 10 millones de dólares a lo largo de 10 años.
Un ex director de Petrobras acusa a Calheiros de amenazar con retirarle su apoyo a menos de que se le pagara. El mismo ex director dice que Calheiros recibió 1.7 millones de dólares a través de un cabildero de la petrolera estatal en un caso relacionado con buques de perforación.
Destituido: Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados.
Cunha, quien promovió el jui- cio político a Rousseff, habría sido el segundo en la línea de sucesión, pero el Supremo Tribunal Federal lo destituyó de la presidencia mientras lo investigan por varios casos. Sus colegas podrían despojarlo de su banca en la cámara baja.
Los fiscales acusan a Cunha de corrupción y lavado de dinero por su papel en la negociación de contratos para buques de perforación, y dicen que recibió un pago ilegal de 5 millones de dólares.
La procuraduría suiza asegura que Cunha tuvo cuentas secretas en el banco Julius Baer, que según informes de prensa sumaban en diciembre 2.4 millones de francos suizos ( 2.5 millones de dólares). Los investigadores brasileños dicen que Cunha tiene cuentas no declaradas en Estados Unidos desde 1990 por valor superior a 20 millones de dólares.
Rousseff aseguró que había pagado el precio por negarse a suspender una investigación policial por sobornos en la petrolera estatal Petrobras, y manifestó que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrillar dicha pesquisa.
Debido a la indagatoria por corrupción en la petrolera estatal han ido a parar a la cárcel empresarios y políticos, algunos de ellos del PT. Además, grupos independientes calculan que 60 por ciento de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.
Por lo pronto, la vicefiscal general Ela Wiecko renunció luego que se divulgó un video en el que participa en un acto contra Temer, al tiempo que calificó de “golpe bien hecho” la inminente destitución de Rousseff y aseguró que hay delaciones premiadas en las investigaciones contra la corrupción que apuntan directamente al ahora presidente interino.
Para que Rousseff sea retirada del cargo, cuando menos 54 de los 81 senadores tienen que votar a favor, y muchos políticos destacados, incluso el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, reconocen que las posibilidades de la mandataria de sobrevivir al voto final del Senado son escasas.
El diario Folha de Sao Paulo vaticinó que 54 senadores votarán a favor de la destitución, 20 lo harán en contra y siete siguen indecisos, en una decisión que pondrá fin a los gobiernos del Partido de los Trabajadores iniciados con Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), quien fue relevado por Rousseff en 2011 y relecta con 54 millones de votos en 2014.