Se amparan pymes en Argentina contra el aumento de 500% al gas
La Confederación General Empresaria de Argentina (CGERA) que representa a diez mil pequeñas y medianas empresas (pymes), presentó un amparo contra el tarifazo del gas, después de que la Corte Suprema de Justicia falló sólo en favor de los usuarios residenciales, mientras nuevos datos indican que la pobreza en el país creció a casi 34 por ciento y la indigencia supera los ocho puntos.
En Argentina las cifras de agosto en todos los rubros se comparan en varios casos a lo que antecedió a la grave crisis que estalló en 2001.
Más de 25 por ciento de comercios han cerrado sus puertas desde que Macri asumió el gobierno, en diciembre de 2015.
La noche de este martes, en el populoso barrio de Villa Crespo, comerciantes y vecinos organizaron un ruidazo ante el cierre de varios comercios de la zona, por la imposibilidad de mantenerlos.
No sólo la CGERA acudió a la justicia contra el incremento de 500 por ciento en la tarifa del gas. También lo hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que presentó un amparo colectivo ante la justicia federal para frenar los aumentos que afectan gravemente a “usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país”.
Hay una serie de amparos en todo el país y funcionarios gubernamentales se adelantaron a pedir a la Corte Suprema que no vote en favor de usuarios y em- presas que se presenten a pedir la anulación del “brutal” aumento a las tarifas de luz. Teatros, cines y hoteles advierten que deberán cerrar sus puertas ante la imposibilidad de pagar los extraordinarios aumentos.
En tanto, la pobreza volvió a crecer en los meses de mayo y junio, de acuerdo con el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto de Economía Popular (IndEP). La cifra de pobreza llega a 33.91 por ciento, cuando en noviembre del año pasado estaba en 19.82.
El índice de indigencia también subió a 8.73 por ciento y se agravó en el mes de junio. Hay casi 5 millones de personas que hoy son pobres en el conurbano bonaerense y no son necesariamente desocupados. Un hogar en el que el jefe o jefa de familia perciba el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 6 mil 810 pesos, está lejos de poder sacar la cabeza por encima de la línea de pobreza, que requiere ingresos por 11 mil 680 pesos. Sólo alcanza para que una familia tipo no sea indigente, pero no para que no sea pobre.
La indigencia tuvo un incremento de 22 por ciento en seis meses. En el Gran Buenos Aires, al finalizar el mandato del gobierno anterior, la indigencia alcanzaba 5.71 por ciento. En mayo y junio alcanzó finalmente 8.73 por ciento, pero sigue avanzando debido a que el gobierno continuó con los despidos, a la vez que el cierre de comercios, industrias y la disminución abrupta del consumo en este agosto arrojará nuevas cifras de pobreza.