Limitado, el nuevo sistema de justicia para cuidar a mujeres que denuncian violencia
Subrayan activistas el valor de las órdenes de protección; “muchas veces salvan vidas”
En el nuevo sistema de justicia del país “se pone muy poca atención” a la seguridad de las mujeres que denuncian violencia de sus parejas o ex parejas, sostuvo la activista de Ciudad Juárez, Chihuahua, Imelda Marrufo Nava. Y el mecanismo que existe para resguardar su integridad –las órdenes de protección– es poco conocido y aplicado por los jueces, aseveró.
Las órdenes de protección alejan a los agresores, “en muchos casos salvan la vida de las mujeres”. Hay tres tipos: de emergencia, preventiva y civiles. Las dos primeras duran 72 horas y le prohíben la entrada al domicilio conyugal, a pesar de que él sea el dueño de la casa. La tercera es una suspensión temporal que evita que conviva con sus hijos y la emite un juez de lo familiar.
En Guanajuato la organización Las Libres logró que en los últimos tres años se protegiera a 200 mujeres. Sin embargo, “ha sido porque lo exigimos. Quienes no tienen apoyo jurídico no corren la misma suerte”, apuntó Verónica Cruz Sánchez, líder de ese grupo.
En Veracruz, las órdenes que más se dictan son los rondines policiacos afuera de los domicilios o del trabajo de la víctima. Pero “rara vez” se llevan a cabo, por falta de patrullas, de gasolina o porque “si no lo hacen para una comunidad, mucho menos para cuidar a una mujer”, informó Adriana Fuentes, de la organización Equifonía.
La aplicación de ese mecanismo “no ha sido sencilla” debido al desconocimiento en las procuradurías y fiscalías, además de “una resistencia de los jueces para dictarlo”, explicó Imelda Marrufo, quien pertenece a la Red Mesa de Mujeres.
El año pasado –narró– en Ciudad Juárez una mujer denunció a su esposo por agresiones. “Al regresar a su casa él la mató. No le proporcionaron una orden de protección y le costó la vida. ¿Quién se responsabiliza de semejante atrocidad?”, preguntó la activista.
A raíz de ese caso consiguió el aval de la Fiscalía Especiali- zada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género del estado para capacitar a los funcionarios. Lo siguiente, dijo, es que las autoridades verifiquen que los subalternos “hagan su trabajo y, si no, deben sancionarlos”.
Desde 2008, cuando se incorporó esa figura en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “las defensoras aprendimos a incidir para que las órdenes se otorguen de manera inmediata y urgente, como debe ser”, agregó Verónica Cruz.
Es imprescindible que las mujeres, los agentes del Ministerio Público y los jueces conozcan esta medida de protección “contra la violencia que ya están viviendo”, subrayó.
Cuando las mujeres denuncian, “paradójicamente se eleva el riesgo de ser atacadas”, agregó la abogada Adriana Fuentes, de Equifonía. En Veracruz no se aplican todos los tipos de órdenes, por ejemplo, “no hemos conocido un caso en el que el victimario salgan de la casa, porque aquí no se contempla, pese a que la ley por una vida sin violencia lo señala”, deploró.
La opción que les dan es resguardarse en el domicilio de un familiar o acudir a un albergue. Pero en el estado “sólo hay dos para 212 municipios”, uno del gobierno federal y el otro de una organización civil. Mientras no se pongan en práctica las leyes y no hay más presupuesto para hacerlo, difícilmente se podrá avanzar, concluyó. que la CIDH les informe sobre el mecanismo de seguimiento especial para el caso, “no hay ninguna reunión programada” con el gobierno federal.
“Estamos a la espera de la coadyuvancia, que nos avisen porque son ellos los enlaces”, dijo.