Diversos gremios se suman al paro de los trabajadores del Estado en Argentina
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los gremios de la salud y los docentes de todo el país realizaron este martes un paro nacional contra las reformas del Estado y el tarifazo, exigieron reabrir las negociaciones salariales, que se detengan el ajuste y los despidos, además de denunciar el recorte de presupuesto para el sector.
Se sumaron los universitarios, la Federación Nacional Docente, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, la Unión Docentes Argentinos, que conduce el dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sergio Romero, y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares.
Estos sectores señalaron que es importante que la CGT se defina finalmente por el paro general después que el consejo directivo del Comité Central Confederal de la misma llamó a tomar la medida de fuerza cuando lo considere “pertinente”. Recordaron que la CGT asumió un compromiso de unidad durante la gran marcha sindical del 29 de abril pasado, cuando fueron juntas las organizaciones sindicales por primera vez en mucho tiempo.
Además del paro hubo importantes manifestaciones frente al Ministerio de Educación y el Congreso para exigir la reapertura de las negociaciones salariales, la reincorporación de despedidos y otras demandas.
El dirigente de la ATE, HugoGodoy, criticó con dureza al go- bierno del presidente, el derechista Mauricio Macri. “Hacen la formalidad de que hay un diálogo, pero eso no se materializa en soluciones concretas”, declaró, y advirtió que lo único que puede cambiar la actitud del Ejecutivo son las medidas de fuerza.
Sostuvo que “el retraso salarial es muy grande”, y que los empleados públicos acordaron un aumento anual de 27 por ciento en tres cuotas, “mientras la inflación de agosto a agosto ha sido de 45 por ciento, lo que implica una pérdida muy alta en los salarios”.
En tanto, cientos de integrantes de organizaciones sociales realizaron la segunda jornada de protesta con un campamento instalado frente a Casa Rosada contra “tarifazos y ajustes”, al advertir que que tienen la fuerza necesaria para permanecer días en el lugar hasta que el gobierno escuche.
El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, aceptó el planteamiento de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y frenó con una medida cautelar el excesivo aumento a tarifas del gas para todas las pequeñas empresas del país, que fueron excluidas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que amparó a los sectores residenciales.
Para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) se mantuvo el aumento de 500 por ciento mensual fijado “de manera unilateral por el Estado sin audiencia pública previa”, dijo el magistrado y dispuso que “para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestadores de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines” se suspendan todas las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y se retrotraiga la tarifa a la vigente antes del 31 de marzo.
Resolvió que este esquema se mantenga hasta el 27 de diciembre próximo, en que vence la cautelar.
Lo cierto es que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, parece desconocer todo lo actuado e insiste en los aumentos desmedidos sosteniendo que ya se dio el paso exigido por la Corte y que en los primeros días de octubre presentará los nuevos costos del gas, en un primer momento de 203 por ciento pero para seguir aumentando luego, como si no hubiera escuchado lo que se dijo en la audiencia pública.