EL CRIMEN DE IGUALA, EMBATE AL MEDIO RURAL
Hoy, como hace dos años, no somos indiferentes ante las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las ejecuciones extrajudiciales del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La verdad histórica presentada por la PGR ha sido fuertemente cuestionada por la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otros especialistas, quienes demostraron que la investigación llevada a cabo por el Estado ha sido una simulación. Con ello se manifiesta, una vez más, que el Estado mexicano no es garante de los derechos humanos de su población.
Los crímenes de Iguala guardan relación estrecha con un escenario más amplio de embate al medio rural. Junto al desmantelamiento de las escuelas normales rurales y la imposición de la reforma educativa, se evidencia una intención de despoblamiento de territorios estratégicos por su abundancia de recursos naturales.
La organización y lucha social han conseguido múltiples avances y demuestran que es la mejor vía de acción ante un Estado que no procura el bien común. Los padres de los 43, junto con la movilización de un amplio espectro social, han logrado refutar la idea de “verdad histórica” y poner en el centro del debate la violencia generalizada en México.
Partimos de la certeza de que la injusticia y la impunidad nos afectan a todos. ¿Qué podemos hacer desde nuestra comunidad para luchar contra la impunidad? ¿Cómo organizarnos? Reflexiones de la mesa de trabajo por Ayotzinapa realizada el 26 de septiembre en el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, con la participación de la asamblea de estudiantes DIE, investigadoras y auxiliares de investigación.