Fiscalía anticorrupción de Sonora indaga a 652 personas ligadas al caso Padrés
A partir de 95 denuncias ciudadanas se generaron 302 expedientes de investigación
En medio de las investigaciones contra Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía Anticorrupción del estado indaga a 652 personas, de las cuales 200 son ex funcionarios del gobierno de la entidad y 452 particulares que están vinculados a 180 empresas utilizadas para cometer actos de corrupción tanto a nivel estatal como municipal.
En el primer informe que el fiscal Odracir Espinoza Valdez rindió esta semana se señala que tienen 302 expedientes en investigación, a raíz de 95 denuncias ciudadanas, tres de asociaciones civiles, 161 de dependencias estatales y 43 municipales.
Más detalles
Mencionó que a la fecha tienen seis procedimientos judiciales, 15 personas consignadas e igual número de órdenes de aprehensión emitidas por un juez, de las cuales se han ejecutado nueve y seis están pendientes debido a que se encuentran prófugos de la justicia o bajo amparo.
De estos juicios se han presentando amparos para evitar comparecer ante la fiscalía; se han resuelto 52, concedido sólo uno y 153 están en trámite. No obstante, han comparecido 564 personas, se han desahogado 8 mil 915 diligencias y asegurado 172 millones de pesos entre bienes muebles e inmuebles.
Espinoza Valdez también informó que se han girado ocho fichas a la Interpol; cinco de ellas son azules – para alertar y restringir la posibilidad de quienes estén bajo investigación y próxima consignación ingresen a determinados países– y tres rojas para búsqueda y detención.
Sin mencionar nombres, indicó que tres personas se encuentran en prisión preventiva por los delitos de extorsión, fraude agravado y asociación delictuosa e igual número llevan su proceso bajo fianza por más de un millón 675 mil 200 pesos.
Entre los consignados se encuentran ex secretarios del gobierno estatal, un ex presidente municipal e integrantes de “una red de corrupción” ya desarticulada que se dedicaba a vender plazas en la Secretaría de Educación y Cultura.