En el sexenio de Egidio Torre la deuda de Tamaulipas se incrementó 1,096%
El argumento del Ejecutivo fue que se usarían para combate a la delincuencia, la cual no cesa
El gobierno del priísta Egidio Torre Cantú, que dejará la administración este 1º de octubre, heredó de su antecesor, Eugenio Hernández Flores, una deuda directa de mil millones de pesos y en un sexenio, la elevó a 11 mil 969 millones 354 mil 726 pesos con 83 centavos; es decir, mil 96 por ciento, debido a la adquisición hasta de 11 préstamos con cinco bancos privados.
En las solicitudes al Congreso local para autorizar estos débitos se argumentó que se utilizarían en el combate a la delincuencia y para restablecer la paz y la tranquilidad de los habitantes de la entidad, una de las más afectadas en la época reciente por la violencia generada por el crimen organizado.
Sin embargo, los sucesos violentos no cesan en el estado; sólo entre miércoles y jueves, 13 personas fallecieron en cuatro hechos ocurridos en esta capital, entre ellos cuatro integrantes de una familia de comerciantes y el joven deportista Daniel Antonio Avalos Alandro, jugador del equipo de beisbol Broncos de Reynosa.
Según la página de Transparencia del gobierno del estado al 31 de marzo de 2016, a los 11 mil 969 millones 354 mil 726 pesos con 83 centavos se suman otros pasivos por unos 4 mil 865 millones 193 mil 26 pesos, sin ninguna referencia respecto de su origen y ejercicio, para hacer un total de 16 mil 202 millones 534 mil 472 pesos.
A diferencia de lo que ocurre con la banca privada, a la hora de gastar el gobierno de la entidad desdeña el dinero público, pues de los más de mil 272 millones que la Cámara de Diputados le otorgó para 2015 del ramo 23 para el rubro Fortalecimiento de infraestructura urbana, desarrollo económico y social, sólo ejerció 839 millones de pesos.
Los créditos adquiridos por la administración de Torre Cantú tienen de garantía el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el pago de créditos del estado.
Según informes a los que tuvo acceso La Jornada, el gobierno de Torre Cantú asumió un crédito de mil millones de pesos que la administración de Hernández Flores adquirió en marzo de 2010, de los cuales Torre dispuso de 750 millones a pagar en 2030.
El 30 de junio de 2011, primer año de la administración de Torre Cantú, su gobierno solicitó al Congreso aval para adquirir un crédito por 183 millones, 383 mil 570 pesos, pagadero a 2031.
El 17 de octubre del mismo año contrató otro por mil 500 millones de pesos, también para pagarse en 2031. El 9 de diciembre de ese 2011, con aval de la legislatura contrató otro préstamo por 731 millones 126 mil pesos, a cubrir este 2016, aunque aún destacan en la deuda directa.
El 22 de diciembre de ese año obtuvo un crédito por 187 millones, 112 mil 637 pesos, mismo que sería pagado en 2032.
El 9 de diciembre de 2013 adquirió un financiamiento por 963 millones de pesos con el compromiso de pagarlo en 2028.
El 28 de febrero de 2014 el Congreso local le autorizó contratar 250 millones, 802 mil, 462 pesos, pagadero a 2024. El 5 de agosto del mismo 2014, el Poder Legislativo autorizó la contratación de otros 390 millones 240 mil, 480 pesos, que sería cubierto en 2029. Trece días después del mismo mes obtuvo el tercer crédito de ese año por 537 millones de pesos para saldarse también en 2029.
El 19 de marzo de 2015 adquirió un nuevo crédito por 113 millones 990 mil pesos, que se comprometió a pagar en 2025.
El 27 de julio de 2015 contrató uno más por otros mil millones de pesos que pagaría el estado hasta 2030. En diciembre de 2015 el Congreso le autorizó adquirir un nuevo empréstito por mil millones de pesos, del que se dispuso el 28 de enero de 2016. La justificación fue que era necesario para no solicitar ningún financiamiento durante 2016.
De los más de 11 mil millones de pesos se indica que a Banorte le adeuda 5 mil 709 millones 813 mil 552 pesos; a Bancomer 2 mil 617 millones 931 mil 857 pesos; a Banobras 972 millones 164 mil 965 pesos; a Santander mil 669 millones 444 mil 351 pesos y a HSBC le debe mil millones de pesos.
ITVU, la “caja chica” de priístas
Según el mismo informe de transparencia, la deuda indirecta al 31 de marzo de 2016 es de 337 millones 420 mil 968 pesos, que está radicada en el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITVU), considerado la “caja chica” de los gobiernos priístas de los 30 años recientes. Se presume que en este organismo oficial promotor de “bienes raíces”, las administraciones tricolores han “guardado” sus deudas.
Respecto del uso del dineroque la Federación destina a los estados, se indica que la lentitud burocrática, la falta de proyectos ejecutivos y trabajos poco viables para los tamaulipecos impidieron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (bajara 839 millones de pesos de los más de mil 272 millones que la Cámara de Diputados le otorgó para 2015 del ramo 23 para fortalecimiento de infraestructura .