A más de 10 años de la represión en Atenco, víctimas extranjeras aún persiguen justicia
Ahora que el caso se ventila en la Coridh, confían en que se castigue a responsables
La catalana Cristina Valls cuenta que para sobrellevar la violación sexual que sufrió trataba de mover un pie o un dedo para sentirlos libres, mientras agredían el resto de su cuerpo; la joven chilena Valentina Palma jamás pensó que enfrentaría en México la represión que no vivió en el Chile de Augusto Pinochet; la alemana Samantha Diezmar y la española María Sartres nunca olvidarán las secuelas de la tortura.
Las cuatro son las mujeres extranjeras violentadas sexualmente por policías del estado de México en Texcoco y San Salvador Atenco durante el operativo ordenado por el entonces gobernador y ahora presidente Enrique Peña Nieto, el 3 de mayo de 2006, caso que el pasado jueves 27 de septiembre fue recibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), 10 años después de los hechos.
Fueron 46 mujeres agredidas sexualmente, entre ellas cuatro extranjeras, que después de ser violentadas fueron expulsadas ilegalmente del país sin permitirles el acceso a la justicia.
Desoyen reclamo
Algunas, como Cristina Valls, desde su país intentaron abrir los caminos para buscar el castigo a los policías agresores, que aún siguen impunes. La organización Women’s Link Worldwide presentó en 2008 el primer caso sobre crímenes de género, invocando la justicia universal ante la Audiencia Nacional de España: “Los hechos involucran a una ciudadana española que fue sujeta a tortura, que incluyó abuso sexual, durante una redada policial en San Salvador Atenco, México, en mayo de 2006”, explican en el documento amicus curiae (amigo de la corte) del caso Mariana Selvas Gómez y otras vs México, que fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para esta organización, el principal argumento fue que la violación debe ser considerada tortura sexual en la justicia universal: “Nos parece muy importante que la corte examine cómo la violencia afectó a estas mujeres y el impacto que ha tenido en ellas para que esto se lleve a los tribunales y no exista impunidad”, dice en entrevista con La Jornada la abogada y activista Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link World en España.
La querella finalmente no fue admitida por el juez Fernando Grande Marlaska, luego de que recibió un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que la dependecnia mexicana señala que la violencia contra las mujeres estaba siendo investigada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), institución que finalmente no resolvió el caso.
“El juez entendió que se estaba haciendo justicia en México, y lamentablemente decidió no admitir la querella. Nos pareció muy desafortunado, ya que los años nos han demostrado que no hubo investigación efectiva del Estado mexicano; por eso ahora es necesario que la Coridh investigue las violaciones de derechos humanos”, dice.
Consideró que el Estado mexicano incurrió en graves violaciones a los derechos humanos y después cometió otras más al negarse a investigar a los policías que utilizaron la violación sexual como tortura:
“Nosotros peleamos en España y presentamos un amparo ante las autoridades para que a Cristina Valls, quien sufrió la violencia sexual como tantas otras mujeres durante la intervención policiaca en Atenco y luego fue expulsada junto a otras tres extranjeras, se le diera acceso a la justicia.
“Siempre que existe represión civil hay un impacto diferencial contra las mujeres por la violencia sexual, algo que hay una tendencia a ocultar”, comenta Waisman.
Añade: “Lo que más me impactó de este caso es la total impunidad con la que actuaban los funcionarios del gobierno mexicano y el alto nivel de violencia que se niega”.
Tortura sexual impune
“Bájate, perra, bájate ahora”, le dijo un policía a la antropóloga y documentalista chilena Valentina Palma, que llevaba viviendo 11 años en México y narró lo que vivió aquel 3 de mayo de 2006: “Me levantaron de los pelos y me dijeron ‘¡súbete a la camioneta, puta!’ Apenas podía moverme, y ellos exigían extrema rapidez en los movimientos. Me abalanzaron encima de otros cuerpos heridos y sangrantes y me ordenaron bajar la cabeza sobre un charco de sangre; yo no quería poner mi cabeza en la sangre y la bota negra de un policía sobre mi cabeza me obligó a hacerlo... En el camino fui manoseada por muchos policías, y yo sólo cerré los ojos y apreté los dientes esperando que lo peor no sucediera”.
Valentina conoció después en el penal de Almoloyita a las otras extranjeras: “Éramos cuatro: Cristina, María, Samantha y yo, y se nos unió al grupo un quinto: Mario Alberto Aguirre, también chileno... Me preguntaron mi nombre y si tenía algún alias, que si conocía al EZLN, que si he ido a la selva Lacandona...”
Los cinco fueron deportados, pero Valentina denunció desde su país la utilización de la violencia física, sicológica y sexual como arma de tortura y coerción contra las mujeres, la brutalidad policial y la ilegalidad de su repatriación.
“Las secuelas de la tortura sexual duran toda la vida”, dice Viviana Waisman y añade: “El acceso a la justicia es un modo de reparación. Enrique Peña Nieto como gobernador tuvo una responsabilidad de lo ocurrido en Atenco y nuestra querella lo nombra directamente. Es importante que se reconozca también a las extranjeras que sufrieron estas violaciones, mujeres que también esperan justicia. No por ser extranjeras, sino para no negar lo que ocurrió”.
Lucha por la justicia
Si alguien ha vivido la represión del caso Atenco es la familia del líder Ignacio del Valle, sentenciado a 112 años de prisión y liberado cuatro años después. Su hija América del Valle Ramírez cuenta que después de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 sufría pesadillas donde la torturaban y la violaban:
“Si bien a mí no me violaron, no me torturaron, no me llevaron a la cárcel, durante los cuatro años de exilio tenía sueños recurrentes con el horror de ser agredida sexualmente; me veía perseguida porque interioricé todo lo que les pasó a mis compañeras, porque las conozco, y era como si me lo hubieran hecho también a mí”, señala.
Dice que la violencia sexual marcó a todas las mujeres de Atenco. Más de 46 fueron torturadas sexualmente: “Muchas de las compañeras que sufrieron esta violencia eran de Atenco y son las primeras en ser violadas y torturadas durante el traslado al penal. En un inicio eran más de 20 las que estaban denunciando, pero no todas siguieron el proceso, porque el proceso de justicia es una tortura muy lenta y desahuciada, y al ver que continuaba la impunidad, algunas decidieron ya no continuar con esta demanda. Era un doble calvario, pero las compañeras siguen exigiendo justicia”.
Recuerda el testimonio de una joven estudiante de universidad que fue violada por los policías: “Toda su vida se quebrantó. Hoy la miro y es otra persona, está demacrada; ya no es esa chica lúcida, con todo el ánimo de construir su proyecto de vida. A las compañeras las agraviaron en lo más profundo.
“Después de 10 años de la tortura sexual y violaciones, para decenas de mujeres se comprueba que en México no tenemos el acceso a la justicia.
“Por lo menos es un aliciente que el caso ahora esté en la Coridh, aunque sea después de tantos años, pero esperamos la condena al Estado mexicano y el castigo a los culpables.
“Las cuatro compañeras extranjeras también esperan justicia. Ellas también tienen que ser reivindicadas. La valentía de Cristina y Valentina es fundamental, porque llevan años pugnando por justicia”, dice en entrevista.
El conflicto en San Salvador Atenco y las autoridades cocmenzó en 2001, cuando el entonces presidente Vicente Fox Quesada anunció la expropiación de más de 5 mil hectáreas de tierras ejidales para la construcción de un aeropuerto en el estado de México.
Fue el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) el que se opuso al proyecto.
“La represión fue un aviso. Todo lo que ocurrió: 207 detenciones arbitrarias, encarcelamiento injusto, persecución política, condenas infames a los presos de 62 a 112 años de cárcel, tortura sexual y las mujeres tomadas como botín de guerra, allanamientos ilegales, todo un pueblo ensangrentado, forma parte de esta historia y nos toca no olvidar lo ocurrido y seguir exigiendo castigo.
“No nos equivocamos al decir que Enrique Peña Nieto iba a convertir a México en un Atenco ensangrentado”, señala, y añade: “El olvido también es una forma de alimentar la impunidad.
“Era inevitable que a Peña Nieto lo siga persiguiendo la sombra de Atenco y la suma de toda la impunidad acumulada en el país”, concluye.