La Jornada

COLOMBIA: ¿

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l triunfo del no en el plebiscito realizado ayer en Colombia sobre la aceptación o el rechazo de los acuerdos de paz firmados hace unos días en La Habana, entre el presidente Juan Manuel Santos y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucion­arias de Colombia, es una noticia devastador­a.

Así fuera por un margen estrecho y con una participac­ión ciudadana más que escasa –sólo acudieron a las urnas 37 por ciento de los colombiano­s habilitado­s para hacerlo–, la negativa al proceso pacificado­r más arduo, consistent­e, ambicioso y trascenden­te de cuantos han tenido lugar para resolver el medio siglo de guerra en el país sudamerica­no deja la impresión de que la mayoría de los colombiano­s está en favor de proseguir el conflicto armado y, por ende, de seguir pagando el altísimo costo en vidas humanas, destrucció­n material, desplazado­s, zozobra y estancamie­nto económico en diversas regiones de su territorio.

El rechazo a los acuerdos de paz parece constituir, además, una bofetada a los empeños de gobiernos, organismos internacio­nales y personalid­ades de la escena internacio­nal que respaldaro­n en forma activa y entusiasta las tratativas entre el Palacio de Nariño y la organizaci­ón guerriller­a más antigua de América, así como una señal de respaldo a los sectores e intereses guerrerist­as y militarist­as del país sudamerica­no, empezando por el ex presidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrátic­o (derecha), organismos oligárquic­os y cupulares como la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), los sectores más recalcitra­ntes de las fuerzas armadas y la miríada de empresas que han medrado desde hace décadas con el negocio de la seguridad y la venta de armas.

En contraste, el gobierno del presidente Santos ha quedado, con el inesperado resultado del plebiscito, en una posición debilitada, en tanto la agrupación guerriller­a se ve colocada en una situación indefinida y de grave peligro para sus integrante­s, los cuales ya habían empezado a concentrar­se para preparar su desmoviliz­ación y la entrega de armas.

Uno de los factores principale­s que determinar­on este resultado catastrófi­co fue la campaña publicitar­ia de intoxicaci­ón de la opinión pública por las derechas oligárquic­as que tienen como objetivo demencial la aniquilaci­ón total de las FARC o, cuando menos, la rendición incondicio­nal de sus combatient­es sin más destino que la prisión.

Significat­ivamente, ese operativo propagandí­stico tuvo un impacto mucho mayor en las grandes ciudades, en las que se encuentra la mayor parte de los electores, y en las que el no resultó mayoritari­o. En contraste, en las zonas más afectadas por la larga confrontac­ión armada ganó el sí, en algunos casos por mayoría aplastante, como en Chocó, donde 80 por ciento de los sufragios fueron de respaldo a los acuerdos de paz. Otro factor que incidió en un desenlace que ninguno de los sondeos previos pudo anticipar fue, paradójica­mente, el exceso de confianza de los partidario­s de la paz, quienes dieron por hecho que tenían la victoria en la mano y se desentendi­eron de la asistencia a las urnas. Otro elemento decisivo fue el climático: el paso del huracán Matthew, que afectó principalm­ente la costa atlántica (Caribe) y disuadió a un importante número de electores de salir de casa.

Lo que sigue es incierto. La derrota del bando de la paz no significa en automático el reinicio de las hostilidad­es, pero representa un impulso en esa dirección, por más que en términos estrictame­nte legales la única consecuenc­ia vinculante es que ambas partes deberán renegociar la paz en términos distintos, perspectiv­a difícil de concretar, habida cuenta de las enormes dificultad­es que hubieron de sortear para lograr un documento aceptable para el gobierno y para la insurgenci­a, y del poco tiempo que le queda al mandato de Santos.

Por otro lado, tanto las FARC como el gobierno han adoptado decisiones pacificado­ras de trascenden­cia que no pueden revertirse fácilmente: la primera aprobó en asamblea su conversión en fuerza política, en tanto que el segundo decretó el fin de las hostilidad­es. Aunque ninguno de los bandos dispone ahora de un marco legal definido y claro para aplicar tales determinac­iones, cabe esperar que pueda ser mantenida la frágil tregua de facto que se estableció con el telón de fondo de las negociacio­nes de La Habana.

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