El Senado aún no dictamina una ley y tres reformas que solicitó Peña Nieto
Acusan panistas a su dirigente de desviar recursos del partido Poco interés del PRI por aprobarlas: panistas y perredistas
Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, adelantó que cuando triunfe su agrupación política, en 2018, habrá un gobierno itinerante y despachará durante una temporada en Sinaloa para resolver la inseguridad y violencia que persiste en esta entidad.
Manifestó que así como el presidente “Enrique Peña Nieto sostiene de manera irresponsable que la corrupción es parte de la cultura del mexicano, en Sinaloa escucho decir a muchos que el narcotráfico es parte de la cultura del pueblo sinaloense, pero no es así”.
El narcotráfico, la inseguridad y la violencia existen porque hay mucha pobreza en el estado. “Porque no hay trabajo, no se paga bien a los productores y se abandonó a los jóvenes. No hay que aceptar como destino manifiesto que nos tenemos que acostumbrar a que la única manera de vivir va a ser la migración o las actividades ilícitas”, subrayó.
Expresó que es mucha la hipocresía de los políticos corruptos al querer enfrentar el El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, utiliza “la estructura y los recursos del partido” en beneficio de su proyecto personal, “a través de medios cuestionables e incurriendo en un grave conflicto de interés”. Si busca la candidatura del blanquiazul a la Presidencia debe asumirlo públicamente.
Lo anterior fue planteado por 18 panistas, entre ellos Roberto Gil Zuarth, ex presidente de la mesa directiva del Senado; Juan Miguel Alcántara, quien fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el senador Ernesto Cordero, y el diputado Gustavo Madero.
En un documento dirigido a Anaya y a los integrantes de la comisión permanente del PAN, que sesiona al menos una vez al mes, plantearon que las estructuras, atribuciones y prerrogativas del partido se deben destinar a su fortalecimiento. Se debe impedir que se distraigan para la promoción de proyectos personales, “en detrimento de la unidad y legitimidad de la vida interna”.
Agregaron que la responsabilidad de dirigir el PAN es incompatible con la pretensión de construir un “proyecto político como aspirante a la Presidencia de la República, porque quien debe fungir como armonizador y árbitro de aspiraciones se convierte en factor de tensión, inequidad y abuso de poder”. Del paquete de cinco iniciativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el 28 de abril pasado, aún están pendientes de dictaminar la ley general para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, así como los catastros; las reformas en materia de resolución de fondo de conflictos, a la norma procesal civil y familiar, y los cambios al Sistema Nacional de Impartición de Justicia y Organización de los Poderes Judiciales.
El vicepresidente del Senado, el perredista Luis Sánchez, destacó que “siendo iniciativas de Peña Nieto, el PRI debe mostrar interés por aprobarlas. Hasta el momento sólo apostó a sacar la reforma en materia de justicia laboral, la que desaparecerá las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje”.
Los panistas, igual que el PRD, señalan que el interés por avalar dichas modificaciones debe ser del PRI. El coordinador de los legisladores del blanquiazul, Fernando Herrera, señaló: “Hasta hoy esas reformas no están entre las prioridades que se enlistaron para ser aprobadas en este periodo, pero si hubiera interés del tricolor se discutirían”.
Con la aplicación de la ley general para armonizar y homologar los registros públicos inmobiliarios se busca “actualizar el valor catastral de los predios de forma masiva para apoyar el fortalecimiento de las haciendas municipales”.
En la exposición de motivos de esa iniciativa se resalta que “en diversas mediciones internacionales México ocupa posiciones muy por debajo de la media. Se trata de una situación que im- pacta negativamente en aspectos de competitividad internacional y en el mercado inmobiliario, cuestionándose la posición del Estado como garante de la certeza jurídica de los derechos de propiedad”.
El perredista Sánchez destacó: “Tratándose de una reforma para incrementar el predial, al actualizar sus costos y valores en todo el país en estos momentos de difícil situación económica, no veo interés del tricolor por sacarla adelante, ya que implicaría una adecuación del impuesto a pagar”.
Por lo que respecta a la reforma a los artículos 16 y 17 de la Carta Magna en materia de resolución de fondo de conflictos, se añade al primer artículo referido “en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.