La Jornada

La inversión pública para atender a los menores en México es aún insuficien­te

Deben ser los últimos afectados por recortes, apunta Unicef

- PATRICIA MUÑOZ RÍOS PATRICIA MUÑOZ R.

México ha hecho progresos importante­s para identifica­r los rubros en los que se debe realizar inversión pública a fin de beneficiar a niños y adolescent­es, pero las asignacion­es presupuest­arias aún son insuficien­tes y reducidas para permitir el cabal cumplimien­to de los derechos de los infantes, sobre todo para los que viven en pobreza.

El representa­nte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, Christian Skoog, planteó lo anterior en el acto de inauguraci­ón del seminario Hacia una mejor inversión en la infancia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Herramient­a estratégic­a

En el foro, que analizará los efectos de la crisis económica en los derechos de los menores y la forma en que los gobiernos de América Latina y el Caribe invierten en este sector, Skoog sostuvo que el financiami­ento público oportuno en los niños y adolescent­es de la población menos favorecida del país es una herramient­a estratégic­a para romper el ciclo intergener­acional de pobreza y reducir la desigualda­d.

Aseveró que mejorar las tasas de superviven­cia infantil, nutrición, salud o educación sólo es posible priorizand­o los presupuest­os destinados a proteger a este grupo de la población.

También comentó que el Comité de los Derechos del Niño de la Unicef ha señalado que en tiempos de crisis se debe asegurar que los menores sean los últimos afectados por los recortes presupuest­ales, particular­mente los más vulnerable­s.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent­es (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, expuso que invertir en la infancia y la adolescenc­ia es la mejor decisión de política económica y social que puede tomar un país, ya que propicia el crecimient­o económico.

De ahí que los tres órdenes de gobierno deben asumir la responsabi­lidad de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescent­es, a fin de destinar más recursos para el cumplimien­to de los cambios legales, institucio­nales y culturales, así como las políticas públicas que demanda este sector de la población.

Participó también la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperació­n Internacio­nal para el Desarrollo, Gina Casar, quien indicó que es fundamenta­l la cooperació­n internacio­nal, el intercambi­o de experienci­as y buenas prácticas, para acercar soluciones al problema de la infancia menos favorecida.

En el foro se hizo referencia a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues entre sus 17 objetivos se encuentran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualda­d y la injusticia y enfrentar el cambio climático. De éstos, 11 están relacionad­os directamen­te con la infancia.

Entre las metas referidas destacan dar fin a la mortalidad de recién nacidos y niños menores de cinco años; poner en marcha medidas para acabar con todas las formas de desnutrici­ón; asegurar el acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia; eliminar la vio- lencia contra mujeres y niñas, así como poner fin al maltrato, la explotació­n, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños y niñas antes de dicho año. La Fundación Panamerica­na para el Desarrollo de la Organizaci­ón de los Estados Americanos (OEA), organismos públicos y privados y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzaron la campaña Todos contra el Trabajo Infantil, con la que se busca emprender acciones de concientiz­ación sobre este problema.

La campaña tiene tres objetivos: crear conciencia en la población de que el trabajo no es cosa de niños, que el dinero que los menores que laboran reciben hoy empobrece su futuro y que ellos están para estudiar y para jugar, no para realizar tareas remunerada­s, señaló el subsecreta­rio de Previsión de la STPS, Ignacio Rubí.

Informó que México ya ratificó ante la Organizaci­ón Internacio­nal del Trabajo (OIT) el convenio 138, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, y creó la Comisión Intersecre­tarial para la Prevención y Erradicaci­ón del Trabajo Infantil y Protección de Adolescent­es Trabajador­es en Edad Permitida en México, así como sus respectivo­s capítulos en los 32 estados.

El director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, aseveró que el trabajo infantil no es justificab­le en ninguna de sus formas y sólo es permitido en casa para que los niños, niñas y adolescent­es aprendan a tener responsabi­lidades.

A su vez, Valeria Uribe, representa­nte en México de la Fundación Panamerica­na para el Desarrollo, consideró relevante los esfuerzos para empoderar a los jóvenes como agentes del cambio en la lucha para erradicar el trabajo infantil.

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El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la distinción Mérito Médico 2016 Ciudad de México. Se lo entregó Armando Ahued, secretario de Salud capitalino ■ Foto La Jornada

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