La Jornada

Privatizac­ión del agua: encarecimi­ento e ineficienc­ia

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partir del primero de enero de 2017 aumentará hasta en 30 por ciento el precio del servicio de agua potable en Baja California. En el caso de Tijuana, que ya tiene la tarifa más alta del país, el metro cúbico del líquido empezará a costar 99.50 pesos, y las tarifas subirán de manera anual y sufrirán “actualizac­iones” mensuales para garantizar las ganancias de las empresas privadas, que obtendrán concesione­s por tres décadas, prorrogabl­es por un periodo igual. Estas alzas se encuentran incluidas en la Ley Estatal de Aguas, norma de carácter privatizad­or propuesta por el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y aprobada por los diputados locales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrátic­a y Movimiento Ciudadano.

El caso de Baja California dista de ser único. Desde la década pasada se vive en el país una oleada de acciones gubernamen­tales que, mediante reformas legislativ­as o de facto, han privatizad­o diversos tramos del manejo de los recursos hídricos a escala municipal o estatal. Entre las experienci­as más recientes se encuentra la de Querétaro, la ciudad con la segunda tarifa más alta del país y donde el ayuntamien­to decidió privatizar durante 25 años los servicios de agua potable, drenaje, alcantaril­lado, tratamient­o y disposició­n de líquidos residuales. También existen significat­ivos procesos de este tipo en Aguascalie­ntes, Cancún, Guadalajar­a, Puebla o Ciudad de México –en esta última, son empresas privadas las que emiten las boletas de cobro por el consumo de agua–, por mencionar algunos.

Como suele suceder en los proyectos de privatizac­ión de recursos y servicios públicos, las autoridade­s y representa­ntes políticos justifican la entrega de los bienes con la búsqueda de eficiencia y calidad que, aducen, son caracterís­ticas de la iniciativa privada. Sin embargo, la experienci­a internacio­nal en la materia ha demostrado de manera reiterada que el manejo mercantil del agua no resuelve pendientes básicos, como la distribuci­ón equitativa del recurso o las fugas en la red de tuberías, mientras genera nuevos problemas como el alza des-

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