El año próximo
ay quienes piensan que la administración que encabezará Donald Trump no podrá llevar a cabo lo que propuso durante su exitosa campaña electoral. Para evaluar lo que resulta más posible que ocurra con la economía mexicana es indispensable suponer que hay, por lo menos, dos escenarios probables. En el primero, aprovechando que el nuevo mandatario tendrá mayoría en las dos cámaras, promoverá un crecimiento económico que alcanzará 4 por ciento anual a partir de impulsar que regresen a Estados Unidos empleos que fueron localizados en regiones con menores costos salariales e impositivos, incrementando el gasto público en infraestructura y, al mismo tiempo, reduciendo impuestos para los altos ingresos, desmantelando aspectos importantes de la regulación, como la Dodd-Frank.
En un segundo escenario, pese a su evidente peso político, Trump no podrá convencer a la mayoría republicana en las cámaras, que sostendrán su posición en favor de la globalización. Consecuentemente, sólo podrá implementar aquello que le resulte fundamental en su estrategia económica. Sin duda, la revisión del Tratado de Libre Comercio le resultará central, lo mismo que el endurecimiento de la política migratoria para los indocumentados. El propósito obvio de la revisión del tratado comercial de América del Norte, desde la perspectiva del nuevo gobierno estadunidense, será que regresen los miles de empleos que se localizaron en México para aprovechar las ventajas del libre comercio, así como expulsar a miles de indocumentados lo más pronto posible.
En ambos escenarios se produce un cambio significativo en la relación comercial con México, que tendrá fuertes consecuencias en nuestra economía. Además, en el curso de los primeros meses de 2017 se intensificarán las deportaciones, lo cual implica que muchos compatriotas serán expulsados y dejarán de enviar dólares a sus familias. Así que parece evidente que la economía mexicana, prácticamente desde principios de 2017, reducirá los ingresos de divisas, tanto por la disminución de sus exportaciones como por la drástica caída de las remesas. Por otra parte, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos implicará que se produzcan salidas importantes de capitales invertidos en Cetes o en valores financieros denominados en pesos, de regreso a sus lugares de origen, lo que reducirá significativamente la oferta de divisas para usos económicos y no económicos.
El panorama para México es muy complicado y demandaría un programa de acciones que se proponga amortiguar los impactos negativos de las primeras acciones de Trump. Indudablemente, lo primero es proteger a la población de las inminentes reducciones de sus ingresos. Llamar a la unidad nacional sólo tiene un sentido retórico si no se acompaña de propuestas que puedan efectivamente convocar a que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, independientemente de sus diferencias políticas y de las contiendas electorales próximas. Esta convocatoria pudiera surgir del Ejecutivo o de alguno de los partidos con mayor presencia parlamentaria, llamando a replan- tear el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, con el fin explícito de ampliar el mercado interno.
En sentido exactamente contrario actuará el incremento que se acaba de anunciar a las gasolinas. La declaración de José Antonio Meade de que no debemos asustarnos, porque el precio de la gasolina se divorciará de las decisiones presupuestales del gobierno es tramposa, ya que el asunto es el impacto inmediato de la decisión sobre la situación económica nacional. El gobierno de Peña Nieto ha decidido actuar para defender las finanzas públicas, cuando lo que debería hacerse es defender, en primer lugar, a quienes más lo necesitan, en un programa que incluya medidas en diversos frentes convergentes en la creación de la demanda efectiva necesaria para promover un crecimiento basado en la expansión del consumo y la inversión.
Dos mil diecisiete será un año de definiciones centrales. Las acciones que instrumente el gobierno estadunidense afectarán negativamente nuestra economía. Ante un gobierno federal incapaz de articular una plataforma mínima que pudiera defender los impactos negativos en el bienestar de la población, es el momento de que otras fuerzas propongan ese programa de unidad nacional.