Apremian a integrar base de datos sobre violencia de género
Denuncian más ataques a defensoras de periodistas Estados deben reportar a SG características de agresiones
La impunidad en los ataques a defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas sigue siendo alta, señaló ayer la activista Atziri Ávila, y mientras el gobierno mexicano reportó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) avances en el mecanismo para protegerlas, la mayoría de los casos sigue sin recibir justicia, sostuvo.
De 2012 a 2015 “se observó un incremento en el número de defensoras asesinadas. Destacan Chihuahua, Guerrero y Oaxaca con la mayor incidencia”, señala el informe que México entregó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, aunque no menciona el número.
A finales de diciembre el gobierno informó a la Cedaw cómo ha cumplido con las recomendaciones que ésta le formuló en 2012. En el documento dio a conocer que en los primeros ochos meses de 2016 el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo 308 evaluaciones de riesgo por agresiones a defensoras y reporteras.
A las mujeres suelen amenazarlas con hostigamientos sexuales o con dañar a sus hijos para que abandonen su actividad social, explicó. Los ataques que sufren también van en ese sentido, agregó Aztiri Ávila, quien es defensora de derechos humanos.
Logros civiles
La sociedad civil ha hecho un gran trabajo durante muchos años, apuntó, para que el mecanismo de protección tome en cuenta la perspectiva de género. Que no la entendieran sólo con preguntar si está casada y si tiene hijos, fue otra batalla, agregó la también integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.
“La impunidad y la omisión del Estado” para castigar los ataques provoca que las defensoras dejen su lugar de origen, lamentó. Casos “tan emblemáticos” como los asesinatos de la periodista Regina Martínez, en 2012, o de la activista Nadia Vera, en 2015, han llevado a las autoridades a eliminar la impunidad, sostuvo.
“Las agresiones se siguen viviendo”. Amenazas en persona, vía telefónica o merodeando sus casas son algunas de las formas en que se llevan a cabo, dijo. Pero cada vez se presentan más por Internet, “ahora son frecuentes las campañas de desprestigio en redes sociales, que no permiten identificar al agresor”.
En el contexto general de una crisis de derechos humanos en México, “las mujeres que defendemos la tierra y el territorio, la participación política de las mujeres y una vida libre de violencia, estamos muy vulnerables”. La Secretaría de Gobernación (SG) apremió a los gobiernos locales a integrar bases de datos estatales de características específicas de violencia contra las mujeres para clarificar el problema en cada estado y a la vez unificar la información a nivel nacional. El tema afecta por lo menos a 22 entidades del país.
El objetivo es precisar los tipos de agresiones –desde violencia económica-patrimonial hasta feminicidios– para avanzar en los protocolos de prevención y atención.
Por citar una circunstancia, en algunas entidades los casos se incrementan los domingos, cuando el equipo de futbol del marido pierde, pero también aumentan los de tipo extremo, de agresiones sexuales u homicidios por razones de género, explicaron funcionarias de la dependencia.
Los estudios encargados por el sistema nacional son hasta repetitivos en cuanto a deficiencias en el ámbito local, lo cual es resultado “de la falta de coordinación entre los sistemas de infor- mación existentes”. Se requiere capacitar al personal y ordenar la información, dijeron.
Con diferentes matices, se advierte que los protocolos existentes no se aplican o se aplican mal y no hay presupuesto suficiente; en cambio, prevalece la desarticulación entre las distintas agencias responsables ante homicidios dolosos, delitos sexuales, violencia familiar, desaparición y feminicidio.
Las procuradurías y fiscalías estatales siguen sin un esquema profesionalizado para la reacción inmediata y protección de las mujeres, así como de investigaciones efectivas y sentencias a responsables.
En el caso de Morelos, uno de los 22 estados señalados con la problemática, el informe de ex- pertos, emitido en 2014 muestra los rezagos comunes.
En principio, hay dos caminos de información: las procuradurías y la red de salud pública; ahí se pueden clasificar casos de abandono, violencia física, sexual, sicológica o económica. Sin embargo, se registraron, para fines estadísticos, cinco fuentes de información que refieren de 181 a 545 feminicidios (según el origen de los datos) de 2000 a 2013.
A ello se agrega la revictimización y –como se indica en los análisis de expertos– precariedad material, así como falta de recursos humanos y económicos de las instituciones encargadas de la atención a la procuración de justicia de las mujeres, lo cual se traduce en falta de espacios e insuficiencia de personal.
En 2014, en Morelos, el área correspondiente de la fiscalía sólo tenía cuatro sicólogas (dos para el turno matutino y dos para el vespertino), en Cuernavaca, y una más en Cuautla, en un contexto en el que la propia autoridad reconocía 273 casos de feminicidios.
Otro asunto es la impunidad, pues de esa cantidad sólo 59 tenían sentencia (47 condenatoria y 12 absolutoria).
En total, seis entidades tienen vigente la alerta de violencia de género; adicionalmente, en dos entidades se aceptó el problema (Guanajuato y Baja California) pero el sistema nacional decidió no llevarlo a nivel de alerta, mientras en 14 estados continúan los estudios a cargo de académicos especializados.