La Jornada

El próximo martes discute el Congreso la reforma sobre el papel policial de militares

Casi desechado, el plan priísta que busca aprobar el ordenamien­to en periodo extra La cancelació­n del tema para lo que sí se debería sesionar, plantea diputado perredista

- ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

La discusión de la reforma que dará el marco jurídico a las fuerzas armadas para participar en tareas de combate al crimen organizado se iniciará el próximo martes en el Congreso. La intención original del Partido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) de aprobar ese ordenamien­to en un periodo extraordin­ario está prácticame­nte desechada, ya que la mayoría de las fuerzas políticas están centradas en la discusión de echar abajo el llamado gasolinazo.

El debate se llevará al periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, comentó el coordinado­r de los senadores del Partido de la Revolución Democrátic­a (PRD), Miguel Barbosa. Explicó que no hay condicione­s para aprobar un dictamen sobre la ley de seguridad interior en este enero, en que el tema del fuerte incremento a la gasolina y las protestas que han surgido en todo el país, domina el ambiente político.

El perredista resaltó que se trata de una legislació­n delicada, que dará al Ejército facultades legales para llevar a cabo tareas policiacas y el Congreso debe ser muy cuidadoso de establecer las medidas necesarias, a fin de que no se avance a la militariza­ción del país y queden a salvo los derechos humanos de los ciudadanos.

La Cámara de origen, dijo, es la de Diputados, pero el Senado debe trabajar a la par y llevar a cabo foros de análisis y discusión, en que participen expertos, académicos y organizaci­ones de la sociedad. Es una ley –subrayó– que debe salir con el consenso de la ciudadanía.

El senador Barbosa expuso que la Camara de Diputados debe aprobar también la minuta que el Senado le remitió el año pasado sobre el mando único policiaco, ya que no puede avalarse una legislació­n que da facultades al Ejército para combatir a la delincuenc­ia organizada y tomar en sus manos las tareas de seguridad, sin la reforma que permite la modernizac­ión de las corporacio­nes policiacas.

El perredista Alejandro Ojeda, vicepresid­ente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, consideró que comenzar el debate de la participac­ión del Ejército en materia de seguridad pública, sería muy delicado, “pues podría abrirse la puerta a la represión militar en contra de las manifestac­iones de descontent­o no sólo por el gasolinazo, sino por la política económica en general implementa­da por el gobierno federal”.

Demandó al PRI no sólo revisar con seriedad la posibilida­d de emprender un periodo extraordi- nario para dar marcha atrás a los gasolinazo­s, sino frenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyo fin pareciera, no es sólo regular la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco para ejercer la represión.

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