Denuncia la CNDH sobrepoblación en la estación migratoria de Ciudad de México
Emite recomendación para evitar el ingreso de más viajeros
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por la sobrepoblación en la estación migratoria de Ciudad de México, ya que ello constituye una violación al trato digno que deben recibir las personas.
En la recomendación 68/2016, el organismo señaló que durante múltiples visitas realizadas en diferentes momentos en 2016 se observó un número mucho mayor a la capacidad máxima de 434 que tiene la estación. La cifra más alta fue de 719 migrantes, en noviembre pasado, es decir, 65 por ciento más de su aforo límite.
Sin embargo, ya desde el 11 de abril, cuando estaban alojados 691 migrantes internacionales, la CNDH solicitó a las autoridades migratorias medidas cautelares para corregir esta falta y evitar el ingreso de más personas hasta estabilizar su capacidad física, medidas que fueron aceptadas en la misma fecha.
En visitas realizadas en días de abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2016, la CNDH documentó sobrepoblación, registrándose diariamente entre 535 y 719 migrantes.
Respecto de las medidas cautelares solicitadas, se consideró que las autoridades del INM sólo se limitaron a restablecer la capacidad física de alojamiento de manera temporal, sin tomar medidas para la no repetición de esa situación.
Además, hay evidencias de que el INM desestimó el problema de sobrepoblación en la estación migratoria.
En el documento, la CNDH pide al INM diseñar e implementar un protocolo para preve- nir la sobrepoblación en dicha estación migratoria; instruir que deje de operar el módulo para el alojamiento de adolescentes, quienes deberán ser canalizados a los Centros de Asistencia Social de los Sistemas del DIF, dando parte a las procuradurías federales y locales de protección de los derechos de niños y adolescentes, y suscribir acuerdos interinstitucionales con dichas dependencias para garantizar la inmediata canalización de los adolescentes.
Johnson señaló que bajo esa ley se han construido 700 millas de muro en la frontera con México “en lugares donde hace sentido invertir el dinero de los contribuyentes”, pero señaló que hay zonas de desiertos y montañas “donde no se justifica”.
Advirtió, sin embargo, que las paredes no detendrán a los indocumentados y que con base en la experiencia de ocho años del actual gobierno lo que se necesita en la frontera “es tecnología y la capacidad para detectar la inmigración ilegal”.
Johnson, cuya dependencia abarca la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encargada de las deportaciones, resaltó que confía en que el gobierno de Trump no utilice para deportarciones la información entregada por los dreamers.
Consideró que la información entregada por los dreamers al gobierno sólo debe ser utilizada para inscribirlos bajo la Acción Diferida de 2012, pero indicó que al ser creada por una acción ejecutiva, puede ser cambiada.
Advirtió que de no ser “honrada” por el nuevo gobierno el asunto será “litigado ante los tribunales en algún momento. Pero mi opinión es que cuando el gobierno promete algo, tiene que cumplir con su palabra”, insistió.
La Acción Diferida ampara de la deportación y concede una autorización temporal de empleo renovable cada dos años a unos 700 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría mexicanos.