Constitucional, la venta de comida chatarra en escuelas de educación superior: ministra
Proyecto de dictamen avala amparo de la firma Del Fuerte
La venta de comida chatarra en las instituciones de educación superior es constitucional, por lo que la prohibición implementada en 2014 por las secretarías de Salud y de Educación Pública para el expendio de bebidas y alimentos de alto valor calórico viola el derecho constitucional al libre comercio y a la libertad de trabajo, sostiene el proyecto de dictamen que, se prevé, sería aprobado hoy por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento, elaborado por Margarita Luna Ramos, da la razón al amparo presentado por la embotelladora Del Fuerte SA de CV, productora y distribuidora de bebidas como Coca-Cola, Powerade, Fuze Tea y Frutsi, y rechaza el argumento de las autoridades de que debe prevalecer el derecho a la salud (evitando la ingesta de ese tipo de alimentos para reducir los niveles de obesidad y enfermedades relacionadas) por encima de las garantías que aleguen las empresas afectadas.
Además, añade el texto, la actividad que desarrolla la empresa quejosa no está prohibida legalmente. Quienes compran dichos productos en las escuelas de educación superior son mayores de edad, “que gozan de la libertad de elegir lo que consumen, siempre que éstos sean lícitos”.
Los menores de edad no están en condiciones de saber qué alimentos son nocivos para su salud.
“La ley no debe incidir en la libertad que tiene un adulto para comprar un producto que está dentro del comercio y es lícito”, sostiene Luna. Cuestiona que las secretarías de Salud y de Educación Pública no hayan precisado “a cuánto asciende el porcentaje de personas dañadas por el consumo de productos que oferta la empresa quejosa”, la cual reclamó que, a partir de la promulgación del decreto que modificó la Ley General de Educación (2013) y el acuerdo que prohibió la venta de productos ricos en azúcares simples, harinas refinadas, grasas y sodio que no cumplieran criterios nutrimentales en el sistema educativo nacional (2014), resultó afectada al no poder comercializar sus productos a partir del segundo semestre de 2014 en planteles con los que ya tenía firmados contratos.