El Congreso hizo a un lado ley que obligaba a padres vigilar uso de Internet de sus hijos
Diputados aprobaron la legislación pero en el Senado nunca se dictaminó
En la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el Congreso dejó fuera una reforma a la ley anterior, que obligaba a padres de familia y de cualquier persona que tenga a su cuidado menores de edad, a “supervisar los contenidos de la información” obtenida por éstos en Internet.
Con esa omisión, el Poder Legislativo suprimió el derecho a la navegación segura en Internet, una reforma promovida por el Partido del Trabajo que se aprobó por la Cámara de Diputados en la sesión del 9 de abril de 2014 con 404 votos en favor de todos los partidos, uno en contra de Agustín Barrios Gómez y una abstención de su compañero perredista Ariel Flores Aguayo.
La modificación definía que, “sin que se considere invasión a su privacidad”, los padres debían conocer el uso que le dan sus hijos a Internet, y se envió como minuta al Senado, que turnó el documento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, que nunca la dictaminaron.
Posteriormente, ambas cámaras no recuperaron ese derecho en la ley general respectiva, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de ese mismo año, y con lo cual se derogó la ley previa, y centraron su esfuerzo en legislar contra el acoso escolar y el acoso sexual. contra de todas aquellas personas que pretendan atentar contra la integridad de nuestros infantes y jóvenes a través de Internet”.
Durante el debate, los partidos llamaron a los padres de familia a “colaborar para que Internet sea un sitio seguro para sus hijos, utilizando medidas como el control parental, que impone candados en las computadoras, y lograr una relación de confianza con sus hijos que les permite emprender un diálogo abierto sobre los peligros relacionados con el uso de la red”.
Por otra parte, la Secretaría de Gobernación informó a la Cámara de Diputados –el 19 de febrero de 2013– que las acciones de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación Pública para garantizar la seguridad e integridad de las comunidades escolares, consistían en la elaboración de encuestas y fichas técnicas para integrar diagnósticos sobre la inseguridad en los centros escolares y determinar el grado de vulnerabilidad de las escuelas.
“Durante 2012 la Policía Fe- deral participó en programas de prevención del delito con enlaces de prevención, escuela segura, hacia una comunidad segura y sensores juveniles”.
Posteriormente, el órgano legislativo –el 16 de abril de 2015– conminó a las autoridades del entonces Distrito Federal a poner en marcha acciones de vigilancia en los planteles educativos.