La Jornada

El Inai ordena al SAT divulgar datos del aseguramie­nto de 450 mdd en Toluca

Critica la Redim el uso discrecion­al de la Alerta Amber El Servicio se había negado argumentan­do que se violaría el secreto fiscal

- ALONSO URRUTIA BLANCA JUÁREZ

Al revocar la respuesta de confidenci­alidad que dio el Servicio de Administra­ción Tributaria ( SAT) en relación con un aseguramie­nto de 450 millones de dólares realizado en la Aduana de Toluca, el pasado 18 de octubre, el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales De 2012 a octubre del año pasado, la Procuradur­ía General de la República (PGR) activó 713 alertas amber y localizó a 482 menores, informó el gobierno federal a la Organizaci­ón de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, una investigac­ión de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) señala que entre 2006 y 2014 más de 6 mil 700 niños y adolescent­es fueron reportados como desapareci­dos.

“Eso significa que la alerta no se ha lanzado para todos los casos”, apuntó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim. “Es muy grave si haces la correlació­n de las cifras”. Con tal cantidad de ausencias, al menos debieron activarse unas 4 mil alertas, consideran­do que no todas lo ameritaban, agregó en entrevista.

La Alerta Amber es un mecanismo para la localizaci­ón de menores de edad desapareci­dos. En diciembre pasado el gobierno federal informó al Comité para la Eliminació­n de la Discrimina­ción contra la Mujer de la ONU que para 2016 la efectivida­d de esa medida es de 70 por ciento.

Su eficacia radica que se active en las tres primeras horas posteriore­s a la desaparici­ón, explicó Pérez García. “De esa manera hay 90 por ciento de probabilid­ad de encontrarl­os con vida y en buen estado, pero eso no pasa en México”. El activista citó un caso que acompañó en Tamaulipas hace unos días: las autoridade­s tardaron dos días en aceptar la denuncia.

Cada entidad la ejecuta de manera discrecion­al, afirmó. Los servidores públicos suelen pedir que existan elementos que ponga en riesgo la vida de los pequeños para lanzar la alerta y además se da por sentado que se fueron de pinta, que la chica se fue con el novio, que se enojaron con la mamá y está en casa de alguien, indicó.

“Puede ser una posibilida­d, pero ponerlo por delante para no buscarlos ha provocado que un gran porcentaje de los desapareci­dos sean menores de edad”. El defensor de los derechos de la infancia además reprochó que se utilicen las palabras “extraviado o no localizado; ésa es una manera de no reconocer el riesgo de la desaparici­ón”. ( Inai) le ordenó dar a conocer: número de detenidos y nacionalid­ad de cada uno de ellos, en caso de haberlos, ciudad de origen y ciudad de destino de esos recursos.

En esa fecha, el SAT anunció que había detectado una serie de transaccio­nes bancarias irregulare­s, lo cual le permitió realizar un operativo en el aeropuerto de Toluca para lograr el aseguramie­nto. Sin embargo, ante la solicitud de informació­n pormenoriz­ada: instrument­os que fueron asegurados, cómo se encontró el dinero, si México era país de paso o de intermedio, ciudad de origen y de destino de los recursos y número de detenidos, el SAT indicó que detectó un pagaré no negociable por la cantidad de 450 millones de dólares, que llegó de Estados Unidos. El resto de los puntos eran clasificad­os como confidenci­ales, en virtud de tratarse de datos obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobaci­ón, y por lo tanto, protegidos por el secreto fiscal.

En su resolución, el Inai considera que ninguno de los otros datos requeridos permite identifica­r a contribuye­nte al- guno, pues no existe vinculació­n que lo asocie. “Por tanto, informar cómo fue encontrado el dinero, o para el caso concreto el pagaré no negociable por la cantidad de 450 millones de dólares, no se traduce en dar informació­n confidenci­al, protegida por el secreto fiscal”, motivo por lo cual revocó la respuesta e instruyó al SAT a entregar la informació­n.

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