Desfalco a las pensiones de burócratas en Veracruz
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por un daño de 969 millones 908 mil 364 pesos al Fideicomiso de Administración e Inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores al servicio del gobierno de Veracruz.
En un comunicado, el Orfis detalló que la denuncia está relacionada con la observación número FP-012/2015/042 DAÑ del informe de resultados de la cuenta pública consolidada del ejercicio 2015.
En la revisión se detectó que al sexto bimestre del ejercicio 2015, la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz (Sefiplan) había dejado de transferir al fideicomiso 815 millones 300 mil pesos.
Se observó también que se transfirieron 180 millones 641 pesos al gobierno del estado, pero la Sefiplan no mostró evidencias de haber aportado al fideicomiso 154 millones 608 mil 364 pesos.
‘‘Esta situación ha impedido liberar a tiempo los recursos de las cuentas individuales de los fideicomisarios, pagar al SAR y emitir los estados de cuenta de los trabajadores activos’’.
El Orfis busca fincar respon- sabilidades a los servidores o ex servidores públicos implicados en malversación de recursos del erario en 2015.
La denuncia fue interpuesta ante la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
Esta es la quinta demanda que el Orfis interpone contra quien resulte responsable de las observaciones derivadas de la cuenta pública 2015, a cargo del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, aún prófugo.
En este contexto, se informó que el proyecto de decreto para restructurar la deuda de Veracruz, presentada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al Congreso local, permitiría contratar créditos hasta por 42 mil millones de pesos, monto que se adeuda a diversos bancos.
Asimismo, los créditos que se contraten a partir de este decreto serán pagaderos a un plazo máximo de 50 años.
Los recursos obtenidos serán únicamente para restructuración o refinanciamiento de la deuda pública del estado, así como para el pago a proveedores de servicios, creación de fondos de reserva, penalidades por pago anticipado y contratación de instrumentos de cobertura, entre otros.