Usan poderes subterfugios legales en defensa de televisoras: especialistas

Detrás, el negocio de la propaganda integrada, señalan

Las controversias constitucionales promovidas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo contra los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) forman parte de una acción concertada en defensa de los intereses de las televisoras.

La razón: detrás del formalismo legal, está la defensa de un punto medular del negocio: la creciente propaganda integrada política y comercial que venden y que, por ley, está proscrita al ser considerada engañosa para el auditorio.

“El punto central detrás de los recursos es el negocio de miles de millones de pesos que tienen las televisoras con la publicidad que engaña a la audiencia”, advirtió Alfredo Figueroa, ex consejero electoral y especialista en medios. “Si se realiza un análisis de la constitucionalidad mínimamente serio, está claro que no hay objeciones en los lineamientos del Ifetel”, acota.

Para el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Julio Juárez, lo menos que puede uno expresar es la “sorpresa” por las impugnaciones a una legislación que fue promovida desde el Ejecutivo y que aprobó el Legislativo, ahora cuestionada dos años después.

Subrayó que el eje fundamental de éstas es la pretensión de regular los productos integrados que crecientemente han utilizado las cadenas para promocionar productos comerciales o mensajes políticos con el fin de hacerlos aparecer como parte de sus contenidos o decisiones editoriales, cuando en realidad detrás hay un acuerdo comercial.

Juárez refirió que “ha habido un aumento importante en la difusión de estos productos integrados” de orden comercial y político. Hay que recordar, subrayó que el origen de este concepto y su carácter ilegal, en materia política entonces, proviene del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que juzgó una compra indebida de espacios televisivos por un partido polí- tico difundido en una telenovela.

Figueroa advirtió que en los lineamientos del Ifetel existe un sustento constitucional y legal que tanto Presidencia como el Congreso lo saben, pero pretenden impedir su entrada en vigor –este mes– para comprar tiempo y buscar revertirlos por vía de una reforma legal.

Lamentó que ambos poderes defiendan con subterfugios legales, los intereses de las televisoras, en detrimento del derecho de la audiencia de acceso a la información.

Juárez subrayó que, como parte del derecho de las audiencias, lo primero que debe saber el auditorio es cuando un programa realmente promueve un producto, por eso se ha tratado de confundir con una intromisión a decisiones editoriales.

A su juicio, hay una validez legal en la decisión del Ifetel, tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, que avala la regulación del derecho de las audiencias por un organismo autónomo con facultades legales para ello.