Tiento político
a inquietud y la incertidumbre están hoy instaladas firmemente en esta sociedad. La causa próxima puede relacionarse con los recientes acontecimientos externos, es especial la tensión de las relaciones con Estados Unidos. Pero hay, por supuesto, otras causas de fondo, de largo aliento, que conforman el escenario actual.
Modificar las condiciones en las que funciona esta economía no es cosa sencilla, especialmente cuando el asunto se refiere a los esquemas arraigados en el modelo de una economía muy abierta en materia de comercio y de las corrientes de capitales: financieros e inversión directa.
Las exportaciones de bienes y servicios representan 35 por ciento del producto interno bruto (el dato es del Banco Mundial para 2015). Cuatro quintas partes se dirigen a Estados Unidos. Desde 1995 México mantiene un superávit comercial anual creciente, que el año pasado superó 58 mil millones de dólares. Como negocio no ha sido malo. Otra cosa es lo que se ha hecho con esos recursos. Sería bueno discutir sus repercusiones. El sistema creado por el TLCAN es un complejo entramado de cadenas productivas y de relaciones a escala regional en ambos países.
El Inegi produce el indicador denominado como el valor agregado de la exportación de la manufactura global, que es lo que añade esta economía a los productos que se exportan y que son parte de la producción global. En 2015 el dato general fue de 45.6 por ciento y el sector con mayor participación fue el automotriz (fabricación de automóviles y camiones 65.7, y partes para vehículos automotores 44 por ciento).
Buena parte de las ventajas de México se centran en los bajos costos salariales. Esta no es un base sostenible de la competitividad a largo plazo. La geografía tiene sus ventajas, pero como vemos ahora no son permanentes. La presión del nuevo gobierno estadunidense por revisar o modificar las pautas del TLCAN son ciertamente disruptivas.
Pero no son fatales. Lo que exigen es un recambio muy profundo en el quehacer interno. Y esto abarca la definición e instrumentación de las políticas públicas en todos los terrenos; el desempeño del gobierno en cuanto a su eficiencia, eficacia y probidad; las prácticas de negocios existentes entre los grandes conglomerados; el comportamiento del amplio segmento de las pequeñas y medianas empresas y también de la informalidad; las pautas del financiamiento bancario y del mercado de valores.
Ante el embate externo del gobierno de Donald Trump, muy directamente dirigido a México, no es suficiente, es más, ni siquiera es necesario apelar a ningún sentimiento nacionalista ni reiterar que está en la voluntad más esencial del gobierno el defender los intereses del país. Eso debería ser un valor entendido.
Lo que no es políticamente válido es mantener la discusión entre los dos gobiernos fuera del ámbito público. Los representados por los funcionarios electos no deben ser tratados como marionetas. Debe ser abierta la presentación de las posturas de quienes negocian, incluyendo saber quienes son. ¿No se trata de esto también la transparencia?
No me parece este el momento para abrazar un nacionalismo abstracto y hacer llamados por la patria y la soberanía. No pienso que debe hacerse un boicot contra productos y empresas. Sería más provechoso velar abiertamente por mantener a la población trabajando, consumiendo y cuando menos hacer que no se deteriore más su nivel de vida en este momento de indefinición, que no se sabe cuándo y dónde irá a parar.
Para esto el país no puede ahora pretender volcarse sobre sí mismo, tiene que jugar sus cartas bien y ampliar su mano, con los mejores medios disponibles incluyendo ser una economía abierta con instrumentos explícitos de manejo de las finanzas públicas, de los recursos disponibles y las alianzas que se requieran. La defensa de la pa- tria no está peleada con la exigencia pragmática para alentar la inclusión y la cohesión en esta sociedad, si es que a estos conceptos les queda aún algún contenido útil.
Vaya que lo que hay que promover es que este momento delicado no acabe sosteniendo el mismo sistema de gestión de lo público y del orden político que está vigente. Ese es, como han señalado muchos otros de modo público en los días recientes, el único sentido de cualquier llamado a la unidad. Lampedusa siempre está al acecho.
Pero la situación se complica precisamente por esa forma arraigada de hacer las cosas. El caso del llamado gasolinazo ofrece un buen ejemplo. El comunicado de prensa del 3 de febrero de la Secretaría de Hacienda dice que se han creado condiciones para mantener sin cambios los precios máximos y que esto es ‘‘consistente con el proceso de flexibilización del mercado de combustibles…, así como la evolución reciente del tipo de cambio y del precio internacional de las gasolinas’’.
Acto seguido se reconoce que se tomó un decisión política de ir suavizando el proceso de ajuste de precios, pero en la dirección que marque el mercado. En la medida en que haya espacio fiscal, se dijo, se procurará suavizar las fluctuaciones. El caso es que ahora se está subsidiando a los importadores de gasolina. En diciembre la misma secretaría afirmó que el aumento de los precios de la gasolina no debe asustar a los consumidores, ya que este esquema separará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas.
El viejo maestro Kindleberger sentenció de modo contundente que la política económica no es una técnica, sino un arte.