Cuestionan en Argentina candidatura de defensor de represores a la CIDH
Nuevo escándalo en las filas del gabinete; investigan gastos en los viajes de la canciller Malcorra
Organismos de derechos humanos de Argentina rechazaron la candidatura de Carlos Horacio de Casas como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser abogado defensor de un imputado por delitos de lesa humanidad, y advirtieron que la vinculación de éste “al derecho penal empresarial, financiero y tributario nada tiene que ver con la labor de promoción y protección de los derechos humanos en el continente”.
El candidato propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que encabeza Claudio Avruj, “carece de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, siendo su única actuación en el proceso de memoria, verdad y justicia la defensa particular del represor mendocino Enrique Blas Gómez Saa, quien en la actualidad se encuentra impune por causas biológicas”, señala el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros.
Solicitaron que se retire la propuesta y se designe a un candidato idóneo, considerando que la CIDH debe estar integrada por personas de “extensa trayectoria y reconocida idoneidad en la materia”. moria, Verdad y Justicia Zona Norte y de la Red Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad, una de las organizaciones que firman el petitorio.
Los organismos denuncian el cierre de dependencias de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos en algunos puntos del país, la reducción de re- cursos para el Programa Verdad y Justicia y despidos en áreas relacionadas con estos procesos.
Por otra parte, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció la utilización política que hace el gobierno y los jueces de sus citaciones en diversas causas montadas contra ella, su fami- lia y ex funcionarios, para encubrir los “desastres” del gobierno de su sucesor, el derechista Mauricio Macri.
Recordó que fue citada y sus dos hijos también el próximo 7 de marzo, el mismo día de la movilización de la Confederación General del Trabajo, y hace un resumen de cómo cada citación judicial coincide con la aparición de algún escándalo que compromete al gobierno o cuando anuncian aumentos de tarifas, despidos ( la Confederación General del Trabajo denunció 400 mil) o fuertes movimientos sociales de rechazo a todo esto, para desviar la atención, en complicidad con los poderosos medios masivos de comunicación que responden al gobierno, y que incluso ocultan estos movimientos de protesta.
En estos momentos, a las denuncias de corrupción o abuso del poder y las causas interpuestas por los denunciantes contra el mandatario y sus funcionarios se suma la demanda de una investigación sobre el dinero público gastado por la canciller Susana Malcorra cuando viajaba a diversos lugares del mundo, en momentos en que estaba en plena campaña para tratar de ocupar la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas.
ABOGADOS DENUNCIAN OBSTÁCULOS EN EL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA