Damnificados en Guerrero por huracán denuncian indiferencia de autoridades
Comunidades de la Montaña marcharán hoy en Tlapa
i votaste, no te quejes”, decía una maestra que comulgaba poco con las ruedas de molino del sistema de partidos y las artimañas seudodemocratizantes de la democracia nominal a costa de una sociedad manipulada y explotada. Han transcurrido varias décadas y las animadversiones de aquella educadora –enseñar a descreer de lo establecido– adquieren hoy mayor consistencia, más que contra la democracia contra los falsos demócratas, negociantes de la política y legisladores oportunistas y sobrepagados al servicio de intereses en contra de la ciudadanía. Se pueden escribir muchos libros sobre el papel que ha jugado y juega el derecho como instrumento de poder y coto de privilegios de los dueños del sistema y sus cómplices, aunque la letra y el espíritu de las leyes pretendan evitarlo. El problema de fondo reside, antes que en derogar o reformar una constitución, en la mayor o menor capacidad de gobernantes y gobernados para, juntos, cumplir y hacer cumplir la existente, todos los días y a todos los niveles, sin excepción. Hoy celebramos el centenario de esa incapacidad. Al atraso de leyes y códigos se añade la falta de sensibilidad social de nuestros inefables legisladores, representantes espurios de sus esperanzados electores; el deliberado rezago legal ante el mundo real y la exhortación a proteger la dignidad de la vida al tiempo que se omite el derecho irrenunciable a la dignidad de la muerte, complemento de aquélla. Nos sigue faltando una legislación menos demagógica para una realidad más deshumanizada pero sobrada de ciencia y tecnología autorreguladas. En la Constitución para CDMX un solo artículo enuncia, con timidez, el derecho de los habitantes de esta ciudad, no de los estados, a tener una muerte digna sin agregar más ni aludir a los graves problemas emocionales, familiares, económicos e institucionales que entraña prolongar una vida degradada y sin esperanza de cura hasta que Dios o el ego médico quieran. No se trata de “asesinar” al enfermo en condiciones insoportables para él y su familia; se trataba de consignar el respeto a la libre decisión de aquél si su deseo es terminar con esa situación o a la de sus familiares, si el paciente no cuenta con el burocratizado documento de voluntad anticipada. Pero entre la Constitución de 1857 y las convenencieras reformas de las relaciones Iglesia-Estado del salinato, desandamos lo que habíamos andado. A más de tres años de la devastación que dejaron el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en amplias zonas de la región de la Montaña, en Guerrero, la respuesta de ayuda de las autoridades estatales y federales ha sido la inacción, así como el trato inequitativo y discriminatorio hacia las poblaciones, predominantemente indígenas, denunció el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña.
Sus integrantes anunciaron también una movilización masiva para hoy lunes en Tlapa de Comonfort, Guerrero, a fin de exigir a las autoridades el cumplimiento de compromisos asumidos en junio del año pasado, entre los cuales está el apoyo a una segunda etapa del programa para llevar maíz a la región de la Montaña.
El consejo de comunidades señaló que desde finales de 2016 los pueblos me’phaa, na savi y nauas de la zona de la Montaña no reci- ben los granos básicos, acciones efectivas ni un plan integral de los gobiernos estatal y federal para garantizar el derecho a la alimentación, la salud, vivienda digna y a la vida de las comunidades indígenas en esa zona afectada desde hace casi tres años y medio.
El 13 y 14 de septiembre de 2013 ambos fenómenos climáticos afectaron a más de 16 mil familias pertenecientes a 200 pueblos y a 15 municipios guerrerenses de la Montaña, 35 comunidades se vieron forzadas al desplazamiento, 4 mil 350 viviendas quedaron destruidas, las escuelas y clínicas desaparecieron arrasadas por los ríos y al menos 40 personas murieron.
Incluso, desde el principio, las comunidades han señalado que el paso de ambos fenómenos meteorológicos por el estado fue un suceso inesperado para las generaciones nuevas de la región, además de que nunca se recibió un solo aviso gubernamental sobre los eventos que se avecinaban, lo que hubiera permitido tomar las precauciones necesarias.
El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña está integrado por autoridades comunitarias, comités, estudiantes y habitantes me'phaa, nauas, na savi y mestizos de 186 comunidades de 15 municipios de dicha región.