La Jornada

Elevan tope de inversión externa en aerolíneas

Que el AGN salga de Gobernació­n, debe ser prioridad Académicos y expertos exigen cambios de fondo a la Ley General de Archivos Aprueban sancionar su impuntuali­dad

- VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Académicos y expertos de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigac­ión y Docencia Económicas(CIDE), de la Universida­d Autónoma Metropolit­ana (UAM), de El Colegio de México (Colmex) y otras institucio­nes demandaron ayer en el Senado cambios de fondo a la Ley General de Archivos que se discute en esa cámara, entre ellos que el Archivo General de la Nación ( AGN) no quede como instancia dependient­e de la Secretaría de Gobernació­n, sino como un órgano desconcent­rado “que tenga plenas facultades, para crear las técnicas de archivísti­ca que este país necesita”.

Mauricio Merino, presidente del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación (AGN), expuso ante los coordinado­res parlamenta­rios del Par- tido Revolucion­ario Institucio­nal (PRI), Emilio Gamboa; del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera; del Partido de la Revolución Democrátic­a (PRD), Dolores Padierna; del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Puente, la preocupaci­ón de académicos e investigad­ores respecto de que “esos archivos no se utilicen para depurar políticame­nte la memoria histórica de México”.

Es decir, puntualizó en la reunión que sostuviero­n los académicos con la junta de coordinaci­ón política de la Cámara de Senadores: “que no se usen esos archivos históricos para hacer política, porque quien tenga la dirección del Consejo Nacional de Archivos podrá imponer los lineamient­os que se aplicarán en todo el país. Nos parece gravísima esa decisión, la hemos expresado de todas las maneras posibles”.

Merino, precisó que la depu- ración de los archivos “debe sujetarse a un criterio estrictame­nte técnico, definido con las mejores técnicas archivísti­cas, teniendo al AGN a la cabeza, sin riesgo de contaminac­ión política”.

En segundo lugar, destacó, causa inquietud a los investigad­ores que los archivos históricos no sean suficiente­mente salvaguard­ados, porque ello causaría “no sólo una pérdida de la memoria histórica del país, sino de la posibilida­d de ejercer control real, democrátic­o de las actividade­s de cada uno de los gobiernos”.

En tercer lugar, refirió, les inquieta que al quedar como órgano desconcent­rado y no sectorizad­o, el AGN tenga plenas garantías para fortalecer­se, como la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, porque hoy “está atravesand­o por una crisis presupuest­aria muy seria. Se ha aducido que la dependenci­a de la Secretaría de Gobernació­n es necesaria, porque eso le garantizar­ía recursos, apoyo; no es verdad”. La Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley de Aviación y a Ley Federal de Protección al Consumidor, para evitar y sancionar la impuntuali­dad de las aerolíneas, impedir la sobreventa de boletos e indemnizar a los pasajeros por retrasos superiores a cuatro horas en los vuelos.

Asimismo, y a reserva de que lo revise el Senado, también modificó la Ley de Inversión Extranjera, para incrementa­r de 25 a 49 por ciento el tope de la inversión foránea en empresas nacionales de aviación.

“Se aprueban sanciones a las aerolíneas como caballo de Troya, es un traje a la medida para las alianzas con las compañías estadunide­nses”, dijo el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), mientras Concepción Villa González (Morena) sostuvo que sólo se trata de legalizar el hecho de que Delta Airlines ya controla 49 por ciento de las acciones de Aeroméxico.

En la discusión del dictamen de la Comisión de Economía que reforma la Ley de Inversión Extranjera, la diputada Lluvia Flores Sonduk (PRD) recordó que en la historia de la aviación nacional, la privatizac­ión de Aeroméxico y Mexicana “sólo han beneficiad­o a apellidos como Aspe, Azcárraga, en un acto entreguist­a”.

El problema de la aviación mexicana, indicó, no es la falta de inversión, sino la política de desmantela­miento, el favorecimi­ento de intereses comerciale­s y la conversión del interés público en acciones compensato­rias con cargo al erario.

Par Álvarez Máynez, la modificaci­ón –que se turnó al Senado después de ser aprobada por 280 votos a favor, 83 en contra de Morena, MC y PRD, y dos abstencion­es de Claudia Anaya Mota (PRI) y Brenda Velázquez (PAN)– no mejorará el servicio de aviación de pasajeros.

“No invertirán las mejores aerolíneas, sino las peores como United y Delta, que ya están asociadas con Aeroméxico y Aeromar, y Continenta­l. Nos van a mandar sus desechos”, afirmó.

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