Sigue la fabricación de culpables en el país; la Limeddh denuncia otro caso
Hace tres años, policías capitalinos detuvieron injustificadamente a un hombre y lo torturaron para obligarlo a incriminarse en un secuestro, por lo que fue condenado de manera injusta a más de 50 años de cárcel, en una muestra de cómo en el país se siguen “fabricando” culpables, denunció la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
De acuerdo con la organización civil, Rafael Martínez Cortés fue detenido la mañana del 6 de junio de 2014 cerca de la estación del Metro Observatorio, mientras esperaba a un hombre que dijo estar interesado en adquirir su automóvil.
A bordo de una camioneta blanca, un hombre armado llegó al lugar y golpeó a Martínez en el hombro para obligarlo a bajar del auto. Minutos después, otras ocho personas también llegaron a agredir a la víctima.
Martínez Cortés relató que tras su detención fue llevado a una bodega donde sus agresores lo interrogaron y sometieron a golpizas, intimidaciones y amenazas para obligarlo a aceptar que formaba parte de una banda de secuestradores.
El hombre fue presentado ante el Ministerio Público hasta el día siguiente, alrededor de las 13 horas, acusado del delito de secuestro. Con él llegaron otros tres individuos, quienes también presentaban golpes y heridas visibles.
Los agresores de Martínez resultaron ser agentes de la policía de investigación de la Fiscalía Especializada Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, quienes explicaron que los sospechosos se habían resistido al arresto, por lo que se vieron obligados a someterlos mediante el uso de la fuerza.
Además, entregaron un parte informativo que contenía la declaración firmada de los sospechosos, en la que aceptaban expresamente dedicarse al secuestro y haber privado de la vida a Ángel Hernández Islas, comerciante que meses atrás había sido retenido y asesinado por sus captores.
Pese a que un perito confirmó que Martínez presentaba rastros de tortura, su declaración fue avalada por las autoridades que el 8 de junio de 2014 lo sentenciaron a 55 años de prisión por el delito de secuestro agravado.
La Limeddh presentó el pasado 17 de abril un amicus curiae para exigir que el caso sea revisado y la víctima recupere su libertad.
Sobre este caso hay una petición pública iniciada en la plataforma Change.org el pasado mes de marzo, que hasta el momento ha conseguido más de de 5 mil firmas.