En 2016, borró los registros del sistema...

Se consiguió el crédito y Duarte también le pidió a José Juan Janeiro ‘‘que le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz, con el ánimo de satisfacer necesidades personales, así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito’’.

El ahora ex gobernador pidió que todo lo relacionado con la obtención de facturas para cubrir el desvío de recursos ‘‘se tratara directamente con el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo; sin embargo, éste no pudo cumplir con lo ordenado y las empresas se quejaron, pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos’’. La investigación de la PGR señala que ‘‘el gobierno de Veracruz procedió a dispersar grandes cantidades de dinero’’.

Moisés Manzur y José Juan Janeiro trataron durante meses de manera infructuosa de obtener facturaciones para cubrir las operaciones ilícitas por 350 millones de pesos, pero no lo lograron porque las compañías ‘‘no tenían ninguna justificación del origen de ese dinero’’. Janeiro le advirtió a Javier Duarte ‘‘que había un problema grave y delicado, porque no habían encontrado una manera de acreditar’’ esos recursos. El gobernador ‘‘le dijo en tono molesto que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver ese problema. Posteriormente, en una reunión en el departamento de Polanco, Duarte le comunicó a Janeiro que debido a esa ineficacia había decidido designar a Ignacio García Leyva para que él solucionara la problemática’’. En mayo del año pasado la situación no presentaba ningún arreglo.

En septiembre de 2016, un mes antes de que se librara la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte y éste huyera, Janeiro le dijo a su jefe ‘‘que no sólo no había regularidad en la sustracción de los 350 millones de pesos, sino que era sumamente complicado, ya que ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del mandatario y de otras personas, entre ellas Moisés Manzur, por lo que era evidente que ello acarrearía un problema gravísimo’’.

En las constancias ministeriales entregadas al gobierno de Guatemala para sustentar la solicitud de extradición de Javier Duarte a México, se menciona que ‘‘una semana después, el ex gobernador llamó a Janeiro y le dijo que él ya había solucionado el asunto.

Le comunicó que para él era asunto finiquitado, toda vez que la solución que había dado fue desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el seno del gobierno del estado. Janeiro le comunicó que eso era inaceptable, porque si bien se podían cancelar los registros del estado, en el sistema bancario había evidencia de las transacciones efectuadas desde diciembre de 2012 a diversas empresas’’.