La Jornada

La creación de la comisión nacional de búsqueda, sin avance en el Senado

Se intensific­an negociacio­nes para la ley de desaparici­ón

- VÍCTOR BALLINAS Y ANDREA BECERRIL

El gobierno federal intensific­ó ayer las negociacio­nes con el Senado para tratar de aprobar la ley de desaparici­ón forzada de personas la próxima semana, sin embargo, el tema en el que no hay avance es el de la comisión nacional de búsqueda.

Incluso, los colectivos de familiares de desapareci­dos hicieron llegar al Senado sus observacio­nes, donde destacan que ‘‘los cambios propuestos por el gobierno rompen con el objetivo de abatir la impunidad y la aquiescenc­ia del Estado en este delito’’.

Desde la mañana de ayer jueves, el subsecreta­rio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernació­n, Roberto Campa Cifrián, se reunió en privado con las presidenta­s de las comisiones dictaminad­oras de Justicia, la panista Pilar Ortega; de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Gobernació­n, la priísta, Cristina Díaz, y la de Estudios Legislativ­os, Graciela Ortiz, también del tricolor, para consensuar los cambios al borrador del dictamen.

De la Peña, en entrevista, dijo: ‘‘Yo estoy defendiend­o el proyecto con las organizaci­ones civiles. Tengo un compromiso con ellas, con los familiares de personas desapareci­das, con todos los colectivos. ¿Hay voluntad política del gobierno? Sí, las discusione­s son de tipo jurídico y el fundamento se da desde todas las partes para la construcci­ón de un precepto que tenga un sustento constituci­onal’’.

–¿Cuál es la propuesta de los familiares? Una policía nacional de búsqueda o que no participen? –se le preguntó

–Lo que quieren los familiares de personas desapareci­das es que no participen (en la localizaci­ón) los policías que estuvieron señalados como perpetrado­res de la desaparici­ón forzada, y estoy totalmente de acuerdo.

‘‘El debate es cómo garantizam­os que la entidad de manera unilateral –el gobernador o el fiscal– no influyan en la integració­n de la comisión estatal de búsqueda; es decir, que no se proponga a quienes no son idóneos para estar ahí.’’

Ese, insistió De la peña, es el punto clave para destrabar la desconfian­za de las familias respecto de las terribles experienci­as que tienen en los estados. Anunció que este viernes se reunirán en el Senado familiares de desapareci­dos con el gobierno federal y las comisiones dictaminad­oras para analizar la propuesta gubernamen­tal.

El Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México hizo llegar sus observacio­nes al Senado. Destacan que ‘‘se vuelve a condiciona­r y subordinar las acciones de búsqueda a la calificaci­ón jurídica. Ello tendrá dos consecuenc­ias: saturacion­es en fiscalías especializ­adas e ineficacia en la localizaci­ón de las personas dentro de las primeras 72 horas.

‘‘ Las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridade­s ministeria­les, de sus límites y de su voluntad. La comisión nacional de búsqueda termina siendo auxiliar de la fiscalía, perdiendo su capacidad operativa y eficacia.’’

Los colectivos acusaron finalmente que ‘‘la comisión de búsqueda ‘‘no recupera la naturaleza de la propuesta por las familias, acordada con el Senado y con el gobierno federal.

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