La Jornada

El gobierno obstaculiz­a la aprobación: Chamberlai­n

Critica sus ‘‘observacio­nes y dudas’’

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN

A una semana de que culmine el periodo ordinario en el Congreso, el gobierno obstaculiz­a la aprobación de una ley general contra la desaparici­ón por medio de una serie de ‘‘observacio­nes y dudas’’, que echan abajo el esfuerzo que diversas organizaci­ones de víctimas han hecho durante más de un año y medio.

Advirtió lo anterior Michael Chamberlai­n, subdirecto­r del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien dijo esperar que las ‘‘omisiones y fallas’’ de las autoridade­s en la construcci­ón de esta norma se deban únicamente a un error, y que esto pueda subsanarse a tiempo para que se apruebe la ley.

En entrevista con La Jornada, el especialis­ta recordó que el Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México (MNDM) ha participad­o desde hace 18 meses en una serie de debates con las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado para redactar una propuesta de ley en conjunto con las autoridade­s.

A pesar de que ya había un acuerdo para lograr la aprobación de la norma, la Secretaría de Gobernació­n (SG) canceló tres veces la reunión que sostendría esta semana con el MNDM y le hizo llegar a las familias una serie de observacio­nes que, en los hechos, ‘‘nos regresan al momento en que el presidente Enrique Peña Nieto mandó su iniciativa’’, dijo Chamberlai­n.

En primer lugar, la propuesta oficial le adjudica a los gobiernos estatales la responsabi­lidad de buscar a los desapareci­dos, cuando en muchos casos los responsabl­es de este delito son los propios funcionari­os locales, y al mismo tiempo le quita a la comisión nacional de búsqueda –que los familiares de víctimas proponen como parte fundamenta­l de la ley– la posibilida­d de intervenir si los estados fallan al realizar ese trabajo.

De igual manera, el documento de la SG echa por tierra la propuesta de generar contrapeso­s para evitar que la Procuradur­ía General de la República decida de manera discrecion­al cuáles casos de desaparici­ón atrae y cuáles no, y le quita a la comisión nacional de búsqueda la posibilida­d de tener una fuerza policiaca y un órgano de inteligenc­ia propios.

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