El nuevo fiscal anticorrupción de Puebla, implicado en represión en Chalchihuapan
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, nombró a Enrique José Flota Ocampo fiscal anticorrupción, lo que generó una ola de indignación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y, sobre todo, de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, quienes en 2014 realizaron una manifestación que fue reprimida por la policía estatal, que mató a un adolescente de 13 años.
Por ese caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG/2014 al gobierno estatal, encabezado entonces por el panista Rafael Moreno Valle Rosas –quien hoy aspira a ser candidato a la Presidencia– por graves violaciones a las garantías individuales de habitantes de Chalchihuapan.
Enrique Flota fue el fiscal Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito que estuvo a cargo del caso Chalchihuapan y quien ofreció la dis- culpa pública del gobierno de Moreno Valle a Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, José Luis Tehuatlie Tamayo.
También estuvo en sus manos la situación jurídica de más de 350 personas consideradas por organizaciones no gubernamentales ‘‘presos políticos’’ o perseguidos por la administración de Moreno Valle, así como la solicitud de alerta por violencia de género en Puebla, donde se han documentado 116 feminicidios de enero de 2016 a la fecha.
Elia Tamayo denunció que Enrique Flota Ocampo la presionó para que aceptara las disculpas públicas, con la amenaza de que si se negaba volverían a encarcelar al edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue liberado en septiembre pasado, después de dos años en prisión.
La mujer refirió que el nuevo fiscal anticorrupción, con ayuda de un grupo de abogados, la coaccionó para que exonerara a Facundo Rosas Rosas, ex secretario de Seguridad Pública del estado, responsable de la operación policiaca en la que su hijo murió.
El Sistema Estatal Anticorrupción fue creado para cumplir con la homologación de instituciones impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La nueva ley faculta a la Auditoría Superior del Estado, encabezada por David Villanueva, para revisar en tiempo real el ejercicio de los recursos y auditar la deuda pública. A su vez, el Congreso tendrá la obligación de aprobar las cuentas públicas en un lapso no mayor a ocho meses.
‘‘Vendió a víctimas’’
Pobladores de Chalchihuapan repudiaron el nombramiento del fiscal y aseguraron que se trata de un ‘‘premio a Enrique Flota por apagar el fuego’’ de la represión policiaca de 2014.
‘‘Fue una condecoración por vender a víctimas al gobierno estatal’’, manifestó el Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie. Mientras, Irene Herrera Delgado, del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, aseveró que la llegada de Enrique Flota a la fiscalía es muestra del ‘‘estado de putrefacción’’ de la actual administración estatal, que continúa controlada por Moreno Valle.
Acompañado del director general de Redalyc, Eduardo Aguado López, refirió que a partir de 2003, cuando surgió este sistema de información científica, la UAEM impulsa la idea de dar visibilidad a la ciencia producida en Iberoamérica y el acceso sin restricciones a la literatura científica producida en la región.
De esta manera, puntualizó Jorge Olvera García ante investigadores, académicos y representantes del Clacso, Redalyc –que aglutina mil 200 revistas científicas y 538 mil 777 artículos a texto completo– se consolidó como parte importante del ecosistema de acceso abierto constituido también por Scielo, Latindex y otros, que privilegia el acceso abierto.
DE LA REDACCIÓN