Denuncian atentado contra dirigente del Movimiento Social por la Tierra
Exigen a las autoridades protección para Yury Uribe Montero
Ante la visita a México del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Léo Heller –que se realizará partir de hoy y hasta el 12 de este mes–, para recopilar información y testimonios con el fin de evaluar el cumplimiento del gobierno en la materia, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de diversas comunidades, expusieron que buscarán visibilizar la crisis del recurso.
Durante 10 días el relator sostendrá reuniones con distintas autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil y comunidades rurales. Hará recorridos en Ciudad de México, visitará Veracruz y Chiapas para conocer de primera mano problemáticas vinculadas a su mandato.
El fin de esta visita es evaluar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, el acceso a la información, la calidad del agua y el saneamiento, en cuanto a uso personal y doméstico, señalaron la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@ s, Agua para la Vida y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras agrupaciones.
Fracaso oficial
“Quienes hemos trabajado a lo largo de muchos años en la defensa del agua como derecho humano, esperamos visibilizar el fracaso de las políticas que el Estado mexicano ha implementado en la materia y que han agudizado las desigualdades sociales”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
Agregaron que “estas políticas han promovido el acaparamiento del agua, la privatización y manejo insustentable, incluyendo la sobrexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua de los que dependen las comunidades rurales y urbanas para vivir con dignidad, generando múltiples y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Es indispensable ver esta situación como consecuencia de problemas estructurales en el manejo del agua y el saneamiento, no como situaciones excepcionales”.
Las reuniones y recorridos que sostendrá el relator especial serán cerradas y de carácter confidencial. Al final de su visita presentará sus impresiones iniciales al gobierno mexicano y en septiembre de este año presentará un informe completo. El Movimiento Social por la Tierra (MST) denunció que en la madrugada del pasado sábado fue agredida su dirigente nacional, Yury Zareth Uribe Montero.
El MST detalló que los hechos ocurrieron después de que terminó la jornada nacional de movilización, impulsada por el Frente Auténtico del Campo, los días 26, 27 y 28 del mes pasado.
Cuando Uribe Montero volvía de Ciudad de México con dirección a su domicilio, en la comunidad de Pedro María Anaya, en Tepetitlán, Hidalgo, al transitar a las dos de la madrugada en su vehículo entre las comunidades de Benito Juárez y Santa Ana Ahuehuepan, del municipio de Tula de Allende, fue agredida.
“A esa altura un automóvil con un grupo de individuos se le emparejó y tras identificarla la persiguieron. Al ver que ella aceleraba el, le dispararon desde el auto en marcha en cuatro ocasiones”.
Resultó ilesa
La dirigente del MST “pudo escapar y salió ilesa de este atentado, el cual, por su gravedad denunciamos en este momento”, indicó la comisión ejecutiva del movimiento, que preside Francisco Chew Plascencia.
El MST indica que Uribe Montero es una destacada dirigente, que forma parte de su dirección nacional, y que ha estado al frente de importantes tareas en la lucha ambiental y agraria.
“El atentado se da en el contexto de nuestra movilización que pone en tela de juicio la política exterior de México en temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración y la agresión de la cancillería mexicana contra el gobierno bolivariano de Venezuela.”
El movimiento, mediante un comunicado, hizo “responsable al gobierno federal y al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, de estos hechos”, y les demandó “otorgar garantías y medidas cautelares para la compañera”.