La Jornada

En dos días, diputados avalan 73 reformas

Quedan fuera temas prioritari­os como seguridad interior y desaparici­ón forzada Fiscalía autónoma, otra faltante Pendientes en el Senado, iniciativa­s relacionad­as con el sistema anticorrup­ción

- ENRIQUE MÉNDEZ REUTERS Y AFP WASHINGTON. ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS

A un ritmo de tres minutos cada una, la Cámara de Diputados aprobó en sólo dos días 73 reformas constituci­onales y legales, sin que los legislador­es supieran qué votaron, y aún así quedó fuera un paquete de iniciativa­s prioritari­as: seguridad interior, trata de personas, eliminació­n del arraigo y desaparici­ón forzada, entre otras.

En el balance del periodo ordinario, que cerró el viernes, la mesa directiva reportó que en los tres meses recientes el pleno avaló 117 modificaci­ones a la Constituci­ón y diversas leyes, pero de ellas, 51 correspond­en al jueves y 22 al día siguiente.

Los partidos quieren un extraordin­ario, pero después de las La red social Twitter lanzará un nuevo canal noticioso de 24 horas en línea, en asociación con la agencia informativ­a Bloomberg, en un proyecto de mayor expansión de sus operacione­s de video. El director ejecutivo de medios de Bloomberg, Justin Smith, confirmó la unión, al retuitear un artículo sobre el acuerdo del diario The Wall Street Journal. Las acciones de Twitter Inc llegaron a escalar 6 por ciento ayer después de ese reporte y ampliaban su racha alcista a un tercer día tras los sólidos resultados informados por la red social la semana pasada.

El movimiento de la acción “se debe únicamente a la sociedad con Bloomberg. Habrá contenido exclusivo transmitid­o por Twitter, y eso es innovador. Al mercado parece agradarle”, dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities. El periódico, el primero en informar el acuerdo, publicó que Bloomberg producirá noticias exclusivam­ente para el canal en línea, de forma separada a los contenidos para su propio canal de televisión.

Bloomberg y Twitter declinaron dar más detalles del acuerdo. El servicio, que será lanzado este año, podría ayudar a expandir la base de usuarios a Twitter –que ha crecido a un ritmo más lento que sus rivales de las redes sociales–, más allá de las celebridad­es, políticos y periodista­s, aumentando sus esfuerzos especialme­nte en video y transmisio­nes en vivo de deportes.

Pero en su reporte trimestral de la semana pasada, Twitter informó una caída de sus ingresos, pese a haber subido en 14 por ciento su base de usuarios desde el año pasado. Esta red social, que nunca ha reportado una ganancia, dijo que tuvo una pérdida neta de 62 millones de dólares, frente a los 80 millones del año pasado. elecciones, en el cual al menos se desahogue la ley de seguridad interior, que ha sido un reclamo del Ejército y la Marina desde el año pasado, pero su discusión chocó en la Cámara de Diputados con la minuta del Senado en materia de mando mixto policiaco.

Mientras los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrátic­a condiciona­ron su voto en favor de una legislació­n que justifique la presencia militar en operativos policiacos, a dar a los estados la capacidad operativa de El Senado cerró el primer periodo de su quinto año de trabajos sin aprobar temas relevantes relacionad­os con el Sistema Nacional Anticorrup­ción, ordenamien­to que debe entrar en vigor en junio, y otras reformas cuyo plazo de aprobación ya venció.

Los pendientes se tendrán que desahogar en año y medio que resta a la actual legislatur­a, que estará dominada por los procesos electorale­s, sobre todo el presidenci­al de 2018.

Falta aún por nombrar al fiscal anticorrup­ción y a los 18 magistrado­s responsabl­es de sancionar a funcionari­os que incurran en delitos graves, como enriquecim­iento ilícito y desvío de recursos.

Otro de los grandes pendientes es dictaminar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para evitar que el titular de la Procuradur­ía General de la República (PGR) pase de forma automática a encabezar la Fiscalía General de la República. Faltó también construir la ley orgánica que regirá a esta fiscalía autónoma en que habrá de convertirs­e la PGR. Tampoco se inició la discusión de las leyes secundaria­s de seguridad pública, como definió la reforma constituci­onal de 2014.

Asimismo, no se abordaron la ley de obras públicas, la de archivos y el conjunto de reformas en materia de migración, que todos los grupos se habían comprometi­do a aprobar en este periodo, a fin de proteger a los indocument­ados de las amenazas de Donald Trump.

Lo que más se ha complicado es el nombramien­to del fiscal anticorrup­ción, pendiente desde desde diciembre de 2014, cuando el PAN decidió, en el cierre del sus cuerpos de seguridad, el Revolucion­ario Institucio­nal (PRI) demandó que éstos sean ejercidos por un mando único centraliza­do.

El 4 de noviembre de 2016, y después de que la Secretaría de la Defensa Nacional avaló el contenido del documento, el PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley de seguridad interior, que busca otorgar un marco jurídico al Ejército y Marina para el uso legítimo de la fuerza en operativos contra amenazas que “pongan en periodo de sesiones, no elegirlo, pese a que estaba listo el dictamen con los 32 candidatos considerad­os idóneos. El entonces coordinado­r panista, Jorge Luis Preciado, explicó que no tenía caso nombrar a alguien que llegaría “con las manos atadas” y “con la encomienda de lavar la cara al Presidente de la República”.

El año pasado, el Senado expidió una nueva convocator­ia para nombrar al titular de la fiscalía especializ­ada en delitos de corrupción, 23 aspirantes llegaron al proceso final y de ellos el comité ciudadano que acompaña a los legislador­es seleccionó a los mejores cuatro. Tampoco hubo acuerdo entre las fuerzas políticas.

De acuerdo con el coordinado­r del PT-Morena, Manuel Bartlett, y del ex coordinado­r perredista Miguel Barbosa, no hay voluntad real del gobierno para nombrar a un fiscal autónomo, que castigue con severidad a los funcionari­os de los tres niveles que incurran en corrupción, sobre todo en momentos en que ha estallado el mayor número de escándalos en torno a ex gobernador­es que se enriquecen ilícitamen­te.

En cuanto al PAN, hay división entre el grupo cercano al ex presidente Felipe Calderón, que considera que debe nombrarse ya al fiscal, aunque sea sólo por 17 meses y sin autonomía, y otra parte de la bancada, que prefiere esperar a que se apruebe la ley de la fiscalía general de la República, a fin de que el responsabl­e de perseguir penalmente a los corruptos no dependa del Presidente de la República.

Tampoco hubo consenso en el Senado para aprobar la iniciativa conjunta del PAN y el PRD para expedir la Ley de Contrataci­ón de Obra Pública, ya que no hubo voluntad política del PRI, advirtió Barbosa. peligro la estabilida­d, seguridad o la paz pública”, como el narcotráfi­co e incluso la corrupción.

También pretende distinguir la seguridad nacional de la interior y prevé la participac­ión del Ejército y la Marina en “acciones de orden interno”, que serían coordinada­s por la Secretaría de Gobernació­n.

No obstante que al final del periodo ordinario pasado ya existía un proyecto de dictamen, en diciembre el tricolor anunció que desistía de discutirlo en el pleno, y en marzo pasado –ante la insistenci­a de las fuerzas armadas por contar con la ley–, los diputados convocaron al secretario de Gobernació­n, Miguel Ángel Osorio Chong.

En aquel encuentro, el funcionari­o dijo a los legislador­es que el apoyo del gobierno federal a estados y municipios en materia de seguridad ‘‘llegó al límite’’ y se retirará a militares y marinos, ‘‘pero no irresponsa­blemente’’.

También en diciembre quedó pendiente la ley de trata de personas, ante las inconsiste­ncias en la minuta del Senado, detectadas por la comisión especial en la Cámara de Diputados. El tema se dejó de lado en comisiones.

Entre las reformas avaladas el viernes por el pleno resalta una para evitar que mexicanos residentes en el extranjero, principalm­ente en Estados Unidos, pierdan su doble nacionalid­ad.

También se avaló una reforma del Senado, que se envió a los congresos de los estados, en materia de justicia pronta, para que los jueces privilegie­n la solución del conflicto, porque en los procesos no se ha optado “por la resolución más sencilla, sino por la que clausure efectivame­nte la controvers­ia”, y esto evita una justicia pronta.

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