Los caminos de la
uerrero está en manos de los narcos”, “la autoridad oficial ha sido sustituida por la autoridad del narcotráfico”, asegura Salvador Rangel Mendoza. Y, añade, explicando la relación entre funcionarios y crimen organizado: “La violencia sigue porque no la quieren aplacar, porque no quieren dialogar. El narcotráfico es un gran negocio y si hay acuerdos no conviene que el negocio se acabe”.
Salvador Rangel Mendoza no es un profesor universitario. Tampoco es parte de algún grupo defensor de derechos humanos. Menos aún es integrante de alguna organización opositora al gobierno. Es, simple y llanamente, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.
El prelado no habla por hablar. Conoce los problemas que vive la gente en su obispado. Distingue entre los campesinos que siembran la amapola y la mariguana y los narcos que la comercializan. “La sierra –dice– es el eslabón más débil de la heroína. Los que siembran están medio esclavizados, reciben un mínimo beneficio y la cultivan para vivir”.
La radiografía de la narcopolítica que monseñor Rangel Mendoza hizo pública no es exclusiva de Guerrero. El pasado 29 de marzo, el fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido en San Diego acusado de “fabricar, distribuir e importar a Estados Unidos heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana”. Se le acusa de ser “un narcotraficante en gran escala”, que aprovechó su cargo para operar en favor del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Apenas el pasado 9 de abril, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington fue arrestado en Florencia para ser extraditado a Estados Unidos. Se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero. La agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) asegura que durante su mandato como gobernador recibió dinero del cártel de Golfo y de Los Zetas para permitir el trasiego de drogas.
En 2014, Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán y ex secretario de Gobierno, fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, estado de México, por su relación con el cártel de Los caballeros templarios. Fue consignado bajo los cargos de delincuencia organizada en la modalidad de fomento de delitos contra la salud.
El 24 de mayo de 2001, Mario Villanueva Madrid, ex gobernador priísta de Quintana Roo, fue aprehendido por nexos con el narcotráfico. Liberado en 2007, fue detenido inmediatamente por una petición de extradición de EU.
La sombra de vínculos estrechos entre mandatarios y el crimen organizado señalada por el obispo Salvador Rangel se cierne también sobre muchos otros gobernadores y ex gobernadores. También sobre alcaldes, diputados, funcionarios públicos, policías y militares. La lista es interminable.
México es un país productor de drogas. En sus montañas se siembra y procesan amapola y mariguana. De hecho, es ya el segundo fabricante mundial de heroína. También se elaboran metanfetaminas, con precursores químicos que llegan de Oriente a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
El país es también zona de paso de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y, sobre todo, a partir de que los cárteles colombianos comenzaron a pagar a sus socios mexicanos en especie y no sólo con dinero o armas, un creciente consumidor de estupefacientes.
De acuerdo con un estudio del Congreso mexicano, las actividades económicas del crimen organizado representan 10 por ciento del PIB, esto es, 150 mil millones de dólares. De esta cantidad, 40 o 45 por ciento proviene del tráfico de drogas; entre 30 y 32 por ciento se obtiene del tráfico de personas; casi 20 por ciento de la piratería, y otra parte de secuestros, extorsiones, etcétera. Esto significa que el negocio de los estupefacientes mueve entre 60 mil y 70 mil millones de dólares. Se emplean en esta actividad entre 450 mil y 500 mil personas. Esto es más de tres veces el personal contratado por Petróleos Mexicanos, y casi dos veces y media de los que trabajan en Walmart.
Al no haber en el país empleo suficiente, el gran empleador es el narcotráfico. Según el obispo Rangel Mendoza, quienes siembran la amapola son campesinos que no tienen opción para sobrevivir, pues el abandono del gobierno los ha sumido en la pobreza y en el abandono. Las cosas –dice– serían muy distintas si los sembradores de amapola tuvieran acceso a educación, infraestructura carretera, centros de salud y hospitales. Tanto dinero circulando proveniente del narco ha alterado la política mexicana. Los viejos vicios de nuestros sistema electoral han crecido y se han ensanchado. Como ha señalado Edgardo Buscaglia, México es un país de muy bajo costo para los grupos criminales internacionales. Y cuando llegan tratan de capturar a políticos a bajo costo también. Es muy fácil hacerlo. De la mano entra en escena la violencia. La ecuación es sencilla. La violencia ya existía. Ahora se ha multiplicado gracias a la corrupción política.
Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, documentó detalladamente cómo Carlos Arturo Quintana, líder del grupo La línea, vinculado al cártel de Juárez, postuló a su suegra, Silvia Mariscal, como precandidata por el PRI para la alcaldía de Bachíniva; también cómo lavaba el dinero proveniente de actividades ilícitas en proyectos productivos y “programas sociales”. Fue salvajemente asesinada el 23 de marzo.
Bajo el influjo de la narcopolítica, el viejo cáncer de la violencia, los fraudes electorales y la corrupción ha hecho metástasis. Ese es un México del que los candidatos en campaña prefieren no hablar.
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