Un (mal) ejemplo de reforma fiscal
finales de abril –ante la inminencia de culminar 100 días de ejercicio con quizá el historial más lamentable que se haya registrado para este tipo de periodo y con un indefendible estilo personal de gobernar– Trump aceleró la presentación, a cargo del secretario del Tesoro y el director del Consejo Económico Nacional, de un precipitado anteproyecto de reforma impositiva, contenido, como reveló la prensa, “en una sola página”.
Los componentes básicos de la propuesta –orientada a “reducir las tasas y simplificar las disposiciones fiscales”– fueron resumidos por Steven Mnuchin y Gary Cohn en una rueda de prensa el 26 de abril, transcrita en el portal de la Casa Blanca (www.whitehouse.com). Llaman la atención, entre otros, los siguientes:
En cuanto al impuesto al ingreso de las personas, se propone abatir la tasa marginal máxima de 39 a 33 por ciento y reducir, de 10 a tres los tramos o escalones de la tarifa: 10, 25 y 35 por ciento sin definir el rango de ingreso para cada uno, y duplicar, a 24 mil dólares, el ingreso anual exento de un matrimonio. Se propone también eliminar el “impuesto mínimo alternativo” (AMT), esquema que ahora limita las deducciones y otros beneficios de los causantes de mayor ingreso. (Un analista hizo notar que, según la información filtrada hace unos meses, en 2005 Trump pagó al fisco 31 millones de dólares por este concepto, que ahora propone eliminar (NYT, 26 /04/17.) Además, se retornaría a 20 por ciento la tasa máxima del impuesto sobre dividendos y ganancias de capital, al eliminar la sobretasa de 3.8 por ciento destinada al sistema de salud, a pesar de que la ley que lo establece sigue en vigor. Un aspecto central sería la eliminación del impuesto sobre herencias, cuya supresión estaba en la mira de la derecha republicana. Se eliminaría la mayoría de deducciones y beneficios fiscales, excepto los intereses sobre hipotecas y las deducciones caritativas. Ahora, parece considerarse que charity is the new tax o que es mejor hacer donaciones que pagar impuestos. Se tendría así una reducción de la carga fiscal de las personas, regresiva en el sentido de que las mayores reducciones beneficiarían a los causantes de más altos ingresos, incluido el presidente.
En cuanto al impuesto al ingreso de las corporaciones, se propone reducir la tasa de 35 a 15 por ciento, con un enfoque “territorial” que sólo considera los ingresos y costos generados en EU; aplicar, por una sola vez, un impuesto reducido y atractivo (quizá de 10 por ciento) a la repatriación de utilidades, se estima que las ganancias acumuladas en el exterior por corporaciones estadunidenses son del orden de 2.6 billones de dólares. El mismo régimen reformado se aplicaría a las Pymes y a muchas otras, incluyendo las del sector de la construcción. Se decidió no incluir, al menos por ahora, el debatido impuesto de ajuste fronterizo (BAT).
La primera preocupación expresada fue la relativa al impacto sobre el déficit del presupuesto. Se estima que la reducción propuesta al impuesto a las corporaciones reduciría la recaudación en 2.2 billones de dólares en 10 años y, para ser compensada, reclamaría un aumento sostenido de 0.9 puntos en la tasa anual de crecimiento económico en ese decenio. El impacto recaudatorio total de la reforma fue calculado en 5.5 billones de dólares “El secretario del Tesoro sugirió que las reducciones de impuestos se financiarán a sí mismas al estimular el crecimiento de la actividad y elevar la recaudación”, hipótesis que no se ha cumplido en múltiples instancias. (Véanse las notas informativas publicadas por el NYT y el Financial Times entre el 25 y el 30 de abril en sus respectivos portales.)
También se debatió el asunto de los beneficiarios de la reforma: “El secretario Mnuchin había declarado en numerosas ocasiones que las reformas fiscales de la administración no favorecerían a los ricos. Sean las que sean sus otras características, la neutralidad distributiva no es una de las que distinguen al plan anunciado el miércoles. En realidad, si se combinan las enormes reducciones en los impuestos a las empresas, los también enormes recortes en favor de los causantes individuales con ingresos elevados, la eliminación del impuesto a las herencias y otros incentivos, existe certeza de que la vasta mayoría de los beneficios de la propuesta se concentrará en una fracción mínima de contribuyentes.
Por esta circunstancia, entre otras, el autor de esta opinión concluye que “Por cuestiones de salud presupuestaria a largo plazo, equidad y consecuencias económicas, me parece que se trata [de propuestas] extraordinariamente mal concebidas”. (Véase, Larry Summers, “Donald Trump is undermining his Treasury secretary”, Financial Times, (27/4/17 –www.ft.com).
También despertó interés la decisión, ya mencionada, de no incluir en la reforma el BAT. La idea de un impuesto de ajuste fronterizo es uno de los elementos centrales promovidos por el sector más reaccionario de la bancada republicana en el Congreso, que no recibirá de buen grado su abandono, así sea temporal. En los debates sobre el tema, se ha señalado que los partidarios de una reforma radical en favor del capital, las empresas y los ricos podrían retirar su apoyo a la propuesta gubernamental. Algunos se preguntan si se construye un escenario como el que impidió, hace algunas semanas, el rechazo y remplazo del llamado Obamacare, a punto de ocurrir por segunda ocasión. Nadie espera que el debate legislativo de la reforma fiscal sea sencillo o expedito, en particular cuando no se realiza ningún esfuerzo para lograr respaldo del segmento demócrata de las cámaras, sino que además se erosiona el apoyo de los que serían los primeros partidarios.
Al examinar las consecuencias de largo plazo de la propuesta fiscal Trump-MnuchinCohn, el Economic Policy Institute la caracteriza como un conjunto de reducciones impositivas regresivas, financiadas con cargo al déficit presupuestal, que persistirían por un máximo de 10 años, de acuerdo con el límite legal vigente. Hacia finales de los años 20 se llegaría otra vez a un “acantilado fiscal” que reclamará otro paquete de acciones fiscales y presupuestarias. La diferencia, al término de ese decenio, consistirá en que el ingreso estará más concentrado y se habrá agudizado la desigualdad. En suma, a sus 100 días de ejercicio, Trump ha ofrecido un muy mal ejemplo de cómo plantear una reforma fiscal o, si se prefiere, un muy buen ejemplo de cómo no hacerlo.