Estados Unidos/OEA: México, Estado vasallo

ras la llegada al poder de los unipolaristas y militaristas de la Casa Blanca, México va camino a convertirse en el principal Estado satélite regional de Washington. Según el Diccionario de política, de Bobbio y Matteucci, el término califica la condición “paracolonial” de sujeción y dependencia de un Estado respecto de otro. Satélite es el Estado cuya actividad política, económica y militar, interna e internacional, es dependiente del Estado dominante. La condición de satélite conlleva de hecho (si no de derecho) la pérdida de la independencia y la soberanía nacionales. El Estado satélite no está en condiciones de ejercitar una política exterior autónoma, aunque conserve de manera formal los simulacros de la independencia y la soberanía.

El modelo de dominación estadunidense sobre México se basa en la doctrina de la “soberanía limitada”, y se realiza bajo la forma indirecta de control ideológico, político, económico y militar. Pero en la coyuntura, a su cualidad de satélite México suma su condición de vasallo, término que designa comúnmente al Estado que está subordinado política e ideológicamente a una potencia, especialmente en el contexto de un sistema internacional premoderno. Verbigracia, el actual papel de la “diplomacia” mexicana en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), añejo instrumento de control semicolonial de Estados Unidos (EU) de la época de la guerra fría, donde el vasallaje −antaño como ahora− implica obligaciones de apoyo político y asistencia militar subordinada al poder hegemónico.

La asimétrica lógica imperial interhemisférica se aplica bajo la fórmula hegemonía + violencia, lo que implica desde las contrapartes más débiles de la relación vasallaje + obediencia. En ese sentido, por mandato de Washington en fechas recientes México se ha convertido en un agente ralentizador del proceso integracionista subregional desde su interior; en una quinta columna que de manera colaboracionista con el poder imperial ha venido trabajando para provocar la implosión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismo intergubernamental sin EU y Canadá heredero del Grupo de Río.

En la fase actual EU tiene en la mira a Venezuela. La sala de comando del golpe de Estado contra el país sudamericano está instalada en la OEA, y como Estado vasallo de Washington, México ha sido llamado a jugar un papel singular. Por instrucciones del aprendiz de canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique Peña Nieto, el representante mexicano ante el organismo, Luis de Alba, desempeñó un rol clave el pasado 3 de abril, cuando en una sesión ilegal se dio un golpe institucional en el organismo. De Alba instó en dos oportunidades a votar un documento injerencista contra Venezuela sin votación (por consenso), y cuando vio que no contaba con los votos necesarios pidió un receso para hacer el control de daños. Reanudada la sesión, en otro acto fraudulento impulsó un “consenso por mayoría” (sic), lo que dio vía libre a la escalada de manifestaciones opositoras armadas, de corte terrorista, que en 50 días ha dejado saldo una treintena de muertes.

Con una amplia y programada cobertura mediática de exportación internacional que sigue el guión maniqueo: “Maduro dictador” versus “Oposición democrática”, las marchas “pacíficas” impulsadas y financiadas por los políticos y empresarios golpistas de 2002 con apoyo de agentes encubiertos de Washington, están concentradas en menos de 1 por ciento del territorio venezolano; en 19 municipios controlados por la derecha, siendo el foco principal del terrorismo neonazi el municipio Chacao, de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. En el resto del país la vida sigue con normalidad.

Las imágenes exhiben que los protagonistas de la violencia callejera (donde hay infiltrados paramilitares, mercenarios, francotiradores y bandas de malandros) están pertrechados con escudos y costosos equipos de ataque: máscaras antigases, atuendos especiales y armas contundentes diversas, algunas de fabricación casera, pero las corporaciones mediáticas los presentan como los nuevos “luchadores por la libertad” (Ronald Reagan dixit).

Las marchas y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de cerco y asfixia, siguen los patrones de los manuales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EU, como la Circular de Entrenamiento 18-01 sobre la guerra no convencional. La guerra irregular o asimétrica funde las doctrinas de la manipulación sicológica vía grandes corporativos mediáticos tipo CNN, O’Globo o Televisa con la guerra económica de monopolios y oligopolios trasnacionales y venezolanos que desde el fallido golpe de Estado de 2002 vienen impulsando el desabastecimiento selectivo y programado de alimentos, entre ellas Alimentos Polar, de Lorenzo Mendoza; Cargill Venezuela, Nestlé y Hermanos Herrera CA, empresa distribuidora de Kellog’s, General Mills y Procter & Gamble, lo que mediáticamente es difundido bajo falsas matrices simbólicas equivalentes a “colas” y “hambruna”; de medicinas (Abbott, Roche, Novartis, Bayer, Pfizer, Sanofi, Merck, Astrazeneca, Glaxo); de productos de higiene (Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Colgate-Palmolive); maquinaria y repuestos, alterando o saboteando de manera facciosa los mecanismos de distribución, a lo que se suman la inflación inducida y el bloqueo comercial y financiero internacional encubierto de las corporaciones del ramo (Moody’s Investors, Standar & Poor’s, Fitch Ratings, Credit Suisse, Bank of America, J. P. Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank).

En ese contexto, como medida de presión contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, México ha venido impulsando entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) el retiro de embajadores y reducir sus misiones en Caracas a nivel de encargados de negocios, como paso previo a una eventual ruptura de relaciones diplomáticas. Asimismo, en la reunión de cancilleres programada para el 31 de mayo, es previsible que la OEA eche a andar un bloqueo financiero y comercial contra Venezuela.

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