AMERICAN CURIOS
Prender la luz
ocos días después de que Donald Trump se mudó a la Casa Blanca pidió al ahora ex director de la FBI James Comey que considerara encarcelar a los periodistas que se atreven a publicar información oficial confidencial, según una versión de la conversación que fue filtrada a los medios hace unos días. O sea, argumentaba que debe ser delito informar sobre lo que los gobernantes deciden que el pueblo que supuestamente representan no deben saber. La semana pasada, Trump se presentó con un sable a ofrecer un discurso de graduación en la Academia de Guardacostas, y al regresar a su asiento junto al secretario de Seguridad Interior, John Kelly, éste le bromeó con una sonrisa: “Puedes usar eso con la prensa”. “Sí, es cierto”, respondió el comandante en jefe. Vale recordar que Trump se ha referido a la prensa en términos de “enemigos del pueblo estadunidense” y no ha cesado, desde que empezó su campaña electoral hasta hoy día, de reprobar públicamente a los medios y denunciarlos como promotores de “noticias fabricadas” y de acusar a los periodistas de ser lo peor de lo peor. No es el primer presidente en pretender controlar y hasta encarcelar a reporteros –se puede suponer a falta de evidencia de lo contrario que tal vez no hay excepciones–, expertos indican que aunque en general se han respetado las normas durante décadas, no hay leyes explícitas para la protección a periodistas. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libre expresión, incluida una prensa libre, pero hay preocupación sobre qué tanta latitud tiene un presidente como Trump para castigar a los medios, sobre todo con un procurador general tan represivo como Jeff Sessions. Los gobiernos aquí no necesariamente buscan controlar la prensa con amenazas directas, sino a través de perseguir a sus fuentes, y con ello suprimir la relación vital entre fuentes confidenciales y reporteros dedicados a informar a la opinión pública el comportamiento de su clase política. Los peores no han sido hasta ahora los gobiernos conservadores, sino el supuestamente liberal Barack Obama, quien persiguió penalmente a más individuos por filtrar información clasificada según la centenaria Ley de Espionaje, que todos sus antecesores desde 1917 (ocho de un total de 12). Su gobierno también usó la amenaza de prisión para intentar obligar al reportero James Risen, del New York Times, a testificar sobre sus fuentes durante siete años. El Comité para la Protección de Periodistas informó que no se ha probado legalmente si el gobierno puede encarcelar a periodistas por publicar información oficial secreta. El famoso abogado James Goodel, quien representó al New York Times en el caso de los Papeles del Pentágono, comentó al comité: “he pensado desde el momento en que Trump llegó a presidente que la amenaza más grave para la prensa libre es que él y su procurador general intentarían encarcelar a periodistas”. Hay otras señales ominosas: el mes pasado Sessions comentó a reporteros que arrestar a Julian Assange, director de Wikileaks, era “una prioridad”. Varios expertos en leyes advierten que cualquier fiscalización del sitio de filtraciones establecería un precedente legal peligroso para todos los medios, ya que podría ser aplicado a otras organizaciones que publican o reportan sobre información clasificada, incluyendo periodistas individuales. Una de las personas más peligrosas en Estados Unidos –afirmaba el gobierno cuando fue enjuiciada– acaba de ser liberada la semana pasada después de cumplir siete de sus 35 años de sentencia. No era “terrorista”, general, espía o multimillonario, sino el ex soldado Bradley, hoy día la ciudadana Chelsea Manning. Durante su servicio en Irak decidió que su pueblo necesitaba enterarse de qué estaba haciendo el gobierno en su nombre y filtró a Wikileaks cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras más largas de este país, como su diplomacia secreta por el mundo. Otra de las personas acusadas de traición y de poner en peligro la seguridad es Edward Snowden, quien vive refugiado en Moscú por filtrar información clasificada a medios que reveló programas secretos de vigilancia y espionaje masivo al pueblo estadunidense y a otros del mundo. Todo esto viene al caso porque hace unas semanas fuimos obligados a escribir con dolor y rabia de un ataque mortal contra uno de nosotros, sólo para tener que hacerlo otra vez más en los días recientes. La mayoría de nosotros (per- dón por repetir parte de lo que ya escribí hace tan poco) no deseamos ser noticia. Nos importan las voces de los demás, identificar a monstruos y héroes, contar acerca de esa incesante pugna cotidiana que determina qué, cómo y cuándo será mañana, si habrá un amanecer o si la noche será más larga, y preguntar siempre, ¿por qué? Contar eso de verdad a veces es inconveniente para los que se dedican al juego del poder; y así debe ser la relación entre el periodismo y el poder (por eso el “periodismo” del poder es a fin de cuentas sólo propaganda). Aquí, hasta donde se sabe, los periodistas no están arriesgando sus vidas al contar lo que está pasando en lo oscurito, donde operan los poderosos, pero la libertad de la prensa para revelar los se- cretos del poder sí está bajo ataque en todas partes, y eso pone en riesgo no sólo a los periodistas, sino a todos. El periodista y novelista Pete Hamill dice que el primer periodista fue ese cavernícola que, a la entrada de una cueva donde su gente buscaba asilo de los elementos y los peligros, tomaba una antorcha para ir hasta el fondo de la oscuridad a averiguar qué había –bestias, hoyos, trampas, calor, frío, agua o veneno– para después salir y contar a todos lo que vio, escucho y olió. La vida de todos dependía en qué tan preciso, honesto y responsable era su reporte. El compañero Javier nos invitó a rehusar subordinarnos al silencio y la oscuridad. Cada acto, cada intento de arrojar luz sobre los que desean ejercer poder sobre los demás –lícita o ilícitamente– es peligroso para los que necesitan obrar en las tinieblas. Por eso, hay que prender cada vez más antorchas y contar la verdad sobre nuestras cuevas.