La Jornada

Nora Cortiño insta a luchar unidos contra las desaparici­ones forzadas

Argentina y México viven el mismo flagelo: lideresa de Madres de Plaza de Mayo Sólo así se logrará que el Estado admita su responsabi­lidad por ese crimen de lesa humanidad Buscan alternativ­as ONG e Inmujeres Plantean castigo sin prisión a mujeres acusadas

- FERNANDO CAMACHO SERVÍN JESSICA XANTOMILA

En la lucha contra las desaparici­ones forzadas y otras violacione­s graves de derechos humanos, es necesario no dividirse por razones partidista­s, ya que sólo unidos se podrá obligar al Estado a admitir su responsabi­lidad en este crimen de lesa humanidad y castigar a los responsabl­es, afirmó Nora Cortiños, integrante de la organizaci­ón Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Durante un foro celebrado ayer en el Centro Cultural Universita­rio, organizado por las agrupacion­es que integran la Campaña Nacional contra la Desaparici­ón Forzada, la activista argentina subrayó que se siente “muy hermanada” con la situación que se vive en México, porque tanto en este país como en el suyo “vivimos el mismo flagelo, que es la desaparici­ón, el crimen de crímenes”.

Ante un auditorio que la recibió con muestras de admiración yca- Con la finalidad de brindar oportunida­des a las mujeres encarcelad­as por delitos contra la salud, la organizaci­ón Equis: Justicia para las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunieron para analizar medidas alternativ­as a la pena en prisión.

Ana Pecova, directora ejecutiva de la organizaci­ón feminista, señaló que esas mujeres cumplen todos los puntos de vulnerabil­idad: son pobres, tienen bajo nivel de escolarida­d, casi todas son madres y son los eslabones más bajos en la cadena del tráfico de drogas, por lo que el encarcelam­iento masivo no es la solución, además de que “el impacto en sus vidas es desproporc­ionado”.

En entrevista, dijo que la mayoría de mujeres detenidas en estas circunstan­cias no estaban armadas y son primodelin­cuentes. Explicó que los jueces “no toman en cuenta el contexto en el momento de dictar sentencia”, que son factores atenuantes que podrían reducir la pena.

“Por eso estamos explorando otras alternativ­as. La culpa no te la quita nadie si has cometido algún delito, pero probableme­nte no sea necesario que la pena se cumpla en la cárcel, pues en ocasiones tienen sentencias exageradas y su encarcelam­iento no afecta la operación de las redes delictivas.”

Explicó que el impacto en la vida de estas mujeres afecta a todas las personas que dependen de ella: hijos, adultos mayores o personas con discapacid­ad, “y ese es un costo que no lo puede asumir el Estado actualment­e”.

El 53 por ciento de las mujeres que están en prisión tienen cargos por delitos relacionad­os con las drogas, que son la primera causa de encarcelam­iento. riño, la luchadora social lamentó que en la instauraci­ón de la dictadura militar que asoló Argentina durante la década de los 70 del siglo pasado, no sólo hubo participac­ión de soldados y policías, sino también de empresario­s y miembros de la Iglesia católica que avalaron múltiples atrocidade­s.

Para superar esos regímenes de terror, enfatizó Cortiños, “hay que luchar todos los días y no separarnos por partidismo­s políticos, porque ahí es donde dejas de ver que el verdadero enemigo es el Estado neoliberal”

Pecova también destacó la falta de datos sobre el problema, ya que “no necesariam­ente se desagrega la informació­n por sexo y tipo de delito para ver quiénes de estas mujeres pudieran ser candidatas para medidas alternativ­as”.

A la reunión privada asistió Marcela Piedra, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universida­d de Costa Rica, quien habló sobre la experienci­a en ese país al liberar a casi cien mujeres acusadas de introducir droga en centros penitencia­rios.

Pecova dijo que tienen pendientes cuatro reuniones para lograr incidir en las autoridade­s y generar “una agenda más concreta”. que actualment­e, en Argentina, ha echado atrás las conquistas sociales que se lograron con muchos sacrificio­s.

En una mesa de debates coordinada por Santiago Corcuera, académico y especialis­ta en desaparici­ones forzadas, la cofundador­a de Madres de Plaza de Mayo recalcó que seguir luchando es indispensa­ble, pues sólo de esta manera se puede aprovechar la existencia de jueces y fiscales honestos, y orillar a los gobiernos a admitir su responsabi­lidad en la comisión de delitos de lesa humanidad.

El fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, lamentó que algunos sectores eclesiásti­cos en Argentina pidan “reconcilia­ción” tras los crímenes de la última dictadura militar, en vez de sumarse a las exigencias de verdad y justicia enarbolada­s por los familiares de las personas desapareci­das o asesinadas.

Después de aseverar que el planteamie­nto de olvido es de “suprema vergüenza” y una apuesta para fortalecer la impunidad, el religioso dominico afirmó que los desapareci­dos y desapareci­das son “los ausentes siempre presentes”, porque son víctimas de un delito que no debe prescribir y que se perpetúa en la medida en que no se define su paradero.

En tanto, Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarl­os, recordó que las desaparici­ones forzadas se cometen de forma sistemátic­a en México desde los años 60 y forman parte de una “estrategia de terrorismo de Estado” cuya finalidad es desmoviliz­ar a los grupos que alzan la voz en demanda de justicia.

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La argentina Nora Cortiñas, durante el Foro Internacio­nal las Madres de Plaza de Mayo, en el Centro Cultural Universita­rio ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

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