Toleran operadores del sistema de justicia la práctica de torturas, confirman expertos

Desacreditan las denuncias de las víctimas, en lugar de ayudarlas, indican en foro Afirman que la ley en la materia es de las 3 mejores del mundo, pero su eficiencia está por verse

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura –aprobada recientemente en el Senado– incluye diversos aspectos de avanzada que la harían una de las mejores del mundo, pero su eficiencia real está por comprobarse, dado que los operadores del sistema de justicia toleran dicha práctica y desacreditan sistemáticamente las denuncias de las víctimas.

Así lo afirmó el siquiatra español Pau Pérez Sales, quien subrayó que los tratamientos de auxilio a quienes han sufrido tortura o tratos inhumanos o degradantes deben ayudarlos a superar la humillación, la vergüenza y el miedo que padecen, en vez de concentrarse en seguir protocolos que con frecuencia no toman en cuenta sus necesidades.

Durante su participación en un foro sobre salud mental, el especialista subrayó que la Ley General contra la Tortura, avalada en abril por el Congreso, es una de las tres mejores del mundo, ya que excluye el tema de la “intencionalidad” de los perpetradores, un aspecto que resulta difícil de comprobar en un juicio.

De igual forma, otros avances destacados de la norma son que incluye la tortura cometida por particulares, y no sólo por servidores públicos; impone agravantes si los malos tratos son cometidos contra personas especialmente vulnerables y reconoce la validez de los peritajes independientes, al mismo nivel de los oficiales.

Pérez Sales, experto en el análisis de las consecuencias sicológicas de la tortura, también saludó el hecho de que la ley ordene la creación de un registro nacional de víctimas de dicha práctica y reconozca la obligación del Estado de cubrir el costo de la rehabilitación para las personas que la han sufrido.

Sin embargo, enfatizó que el tener una legislación progresista no es garantía de que se vaya a cumplir en la realidad, ya que buena parte de los funcionarios del sistema de procuración de justicia ha naturalizado la tortura e incluso se le enseña a desacreditar los señalamientos de las víctimas.

A manera de ejemplo, recordó que en un curso impartido a peritos de la procuraduría capitalina, muchos de ellos consideraban que una gran cantidad de víctimas mienten al decir que fueron torturadas y que incluso memorizan el Protocolo de Estambul –una serie de pruebas para detec- tar si alguien ha recibido malos tratos– para saber exactamente qué decir.

Peritajes, una burla

Pérez Sales manifestó que de igual forma, entre los peritos es común la idea de que si el de- nunciante no tiene síntomas de estrés postraumático ni golpes visibles, y no ha firmado una confesión, no se puede afirmar la existencia de tortura, cuando en realidad el trauma generado por estos abusos es más complejo y en muchas ocasiones no se puede detectar con un análisis superficial.

“Los peritajes oficiales son una burla, porque parten de una falsa definición de tortura, con una mirada centrada en el diagnóstico”, en la que los juzgadores buscan a toda costa encontrar las supuestas falsedades e inconsistencias del relato de las víctimas, en vez de darles crédito y ayudarlas, lamentó el especialista.

“Tener una legislación progresista no es garantía de que se vaya a cumplir” La norma incluye el abuso cometido por particulares, no sólo por servidores