Buscan 33 escuelas de paga en Sonora evadir ley de seguridad para alumnos
La Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora (FEPNS) integrada por 33 planteles, informó oficialmente al Congreso local que son “inviables” las medidas de precaución y de seguridad para el cuidado de menores en colegios y planteles del estado, como salidas de emergencia, puertas de fácil apertura, puntos de reunión y señalizaciones contenidas en la Ley 5 de Junio, impulsada por los padres de las víctimas de la guardería ABC y aprobada el 5 de marzo de 2016.
En un manifiesto las escuelas de paga justifican su falta de disposición para solventar la aplicación de las reglas y medidas de seguridad, aun cuando cobran por alumno alrededor de 4 mil pesos al mes.
Ernesto de Lucas Hopkins, secretario de Educación y Cultura en Sonora criticó algunos puntos de la ley referida, en especial los que implican gasto económico superior al contemplado en los presupuestos anuales que tienen las escuelas tanto públicas como privadas.
Hasta ahora ni las 3 mil 976 escuelas de educación básica del gobierno ni los 294 colegios privados de Sonora cumplen a ca- balidad con los artículos del reglamento legal aprobado el 5 de marzo de 2016 en el Congreso local.
El secretario de Educación sostuvo que la ley es muy estricta, pues parte de la base de que no vuelva a ocurrir una tragedia como la del 5 de junio de 2009 en Hermosillo, cuando un incendio en la guardería ABC provocó la muerte de 49 bebés y quemaduras de gravedad a más de 70.
“Son cuestiones que no son justificables pero es sumamente difícil cumplir la ley, debe de haber otros criterios para que sea viable”, apuntó.
De Lucas Hopkins agregó que la mayor parte de la ley son artículos que implican detalles en infraestructura, los cuales debe supervisar continuamente la Unidad de Protección Civil, a pesar de las “lagunas” contenidas en ella.
En concreto, la FEPNS solicita ante el Poder Legislativo una comparecencia para exponer los motivos por los cuales la Ley 5 de Junio no es aplicable para sus instituciones.
“Aclaramos que no somos insensibles al sufrimiento por el cual han pasado los padres de niños que han sufrido accidentes dentro de las instituciones de educación básica; sin embargo, es importante mencionar que dicha exposición se fundamenta en datos nacionales e internacionales que ayudan a poner en perspectiva y analizar con justicia e imparcialidad la cultura de la prevención, la aplicación de la actual regulación que es adecuada y suficiente”, describen en la solicitud.
Entre las 33 instituciones que se oponen al cumplimiento de la ley se encuentra Uni-niño, plantel donde una menor de 3 años se ahogó en la alberca en noviembre de 2016.