Legisladores piden información sobre fraude contra Banobras por 99 millones de dólares
El juzgado tercero de distrito en materia civil, con sede en Ciudad de México, fue notificado por la Procuraduría General de la República (PGR) de la terminación de las providencias cautelares de los bienes de la empresa naviera Oceanografía, que incluyen 21 navíos, que aún prestan servicios de transporte de combustibles a Pemex.
Con esto, la empresa propiedad de Amado Yáñez Osuna podrá seguir operando ya no como una empresa asegurada y podría recapitalizarse, aunque deberá continuar el proceso de pago a los acreedores, que superan los 14 mil millones de pesos.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que el juzgado tercero de distrito en materia civil de Ciudad de México resolvió que todas las personas que tuvieran en posesión bienes de la empresa Oceanografía fueran entregados al síndico del concurso mercantil 265/2014.
“Derivado de lo anterior, el 16 de junio pasado, la PGR informó al juez que levantó el aseguramiento y pondrá a disposición del ministro concursal, mediante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); síndico de la quiebra, los bienes de la empresa.
“Con el levantamiento, los bienes quedarán próximamente bajo el resguardo del nuevo síndico, quien estará en capacidad de administrar la masa de la quiebra conforme a la legislación respectiva, a fin de pagar a los acreedores”.
Según el Ministerio Público Federal, “estos hechos no afectan las labores de la Procuraduría General de la República, que continuará con la investigación La tercera comisión de la Permanente aprobó ayer un dictamen por unanimidad, mediante el cual se solicita a la Procuraduría General de la República (PGR) que informe al Congreso el estado que guarda la averiguación previa número EIORPIFAM/AP/260/2014, referente a un crédito por 99 millones de dólares que Banobras otorgó a una empresa que debió realizar trabajos para Pemex hace cinco años, pero incumplió.
En el dictamen aprobado se destaca que el 17 de mayo de 2012 Pemex Exploración y Producción, mediante su gerencia de suministro de servicios administrativos de perforación y servicios a proyectos suscribió el contrato de adquisición número 421002001 con la empresa Rotary Drillrigs international SA de CV (Rodisa), que amparaba la compra de cinco equipos de perforación de pozos petroleros terrestres: tres con capacidad nominal mínima de 2 mil caballos de fuerza, el monto total fue de 171 millones 385 mil 129 dólares.
Posteriormente, se señala en el documento aprobado, Pemex Exploración y Producción, firmó otro contrato con Rodisa, el número 421002829 para servicio de asistencia técnica para los cinco equipos de perforación que la propia empresa le vendería por un monto de 32 millones 162 mil 950.98 dólares (441 millones 603 mil 749 pesos con 55 centavos, al tipo de cambio de aquella época.
Refiere el dictamen que el 25 de mayo de 2012, la empresa ACE Fianzas Monterrey, a través de su apoderado legal Mario Arturo Reza Uribe, señaló en un escrito dirigido a Pemex Exploración y Producción que era falsa la póliza de fianza que Rodisa presentó para poder suscribir los contratos con Pemex.
Ante ese hecho, la Unidad de Administración y Producción emitió la circular PEP-SAFUAPS-239/2013 alertando de la situación.
Pese a ello, Banobras autorizó el 13 de agosto de 2013 a Rodisa una línea de crédito por 99.4 millones de dólares. Esa institución bancaria, pese a haber otorgado el crédito sin cumplir con todos los protocolos de investigación tardó casi 4 meses en denunciar las irregularidades y no fue sino hasta el 21 de noviembre de 2014 que interpuso una denuncia de hechos ante la PGR.
Añaden que la PGR inició la averiguación previa referida misma que se concentró en indagar y determinar las responsabilidades de los particulares, “pero no de funcionarios públicos”.
El crédito lo otorgó Alfredo del Mazo, señaló la senadora Dolores Padierna, y aunque aquí, en la comisión, el tricolor ha señalado que es un despropósito solicitar información a la PGR, la pregunta que “tendríamos que hacernos es: ¿con qué marco legal se entregaron contratos de perforación de pozos a una empresa privada, si la reforma energética ocurrió dos años después?”.
La otra pregunta es: “¿Por qué Alfredo del Mazo, director de Banobras, cuando ocurrieron los hechos, otorgó un contrato de esa naturaleza?”.
El asunto es sumamente grave, “porque no se ha devuelto ese dinero a Banobras, y es muy grave, porque no hay obras y no hay pago del crédito otorgado, entonces es un fraude al país, eso es el fondo”.
El dictamen pasa al pleno de la Permanente para su discusión y aprobación en la sesión de este miércoles.