Sudamérica: gobiernos progresistas y corrupción
yer, en una conferencia impartida en la sede del gobierno municipal de Montevideo, el pensador estadunidense Noam Chomsky señaló que los gobiernos progresistas de Sudamérica no han tenido capacidad para enfrentar y combatir la corrupción, una falla que amenaza con hundir y revertir los avances logrados en casi dos décadas de proyectos soberanistas y con sentido social.
El lingüista y analista político del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) no escatimó la valoración positiva de lo conseguido por tales gobiernos, entre los que destacan el de Hugo Chávez en Venezuela, los de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, el de Evo Morales en Bolivia o el de Rafael Correa en Ecuador. A su juicio, tales ejercicios del poder público se han caracterizado por el esfuerzo para revertir la “desastrosa” situación social que dejó en los países correspondientes el previo ciclo de gobernantes neoliberales.
Un aspecto importante de tales esfuerzos, dijo Chomsky, fue el distanciamiento de las directivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), las medidas de combate efectivo a la pobreza, los esfuerzos en materia educativa y el fortalecimiento de los derechos civiles. Y todas esas acciones han sido, en efecto, denominadores comunes de las presidencias referidas.
Pero “la falta de capacidad de liderazgo de la izquierda para evitar los niveles de corrupción endémica”, heredados de administraciones anteriores, puede echar abajo lo conseguido en años anteriores.
El caso brasileño es sin duda el más claro para entender este fallo. Aunque en los tres periodos presidenciales del Partido de los Trabajadores (dos de Lula y uno de Rousseff) se desarrolló una indiscutible lucha gubernamental contra la desigualdad, el hambre y la pobreza, y por más que el gigante brasileño fue orientado a posturas de soberanía nacional e integración regional, el poder público no atacó la corrupción con la energía necesaria y ésta contaminó a numerosos funcionarios.
A la postre, los intereses mafiosos se reagruparon, tomaron el control del Legislativo y desde allí emprendieron la demolición del mandato popular de Dilma Rousseff, la cual culminó con su destitución arbitraria e ilegítima –porque nunca le fueron probados actos deshonestos–, en lo