Cuestionan Inmujeres y CNDH fallas en la implementación del mecanismo
Debe existir un fondo etiquetado para que se aplique, indican
En general, la Secretaría de Gobernación (SG), responsable de las políticas públicas para atajar la violencia de género, reporta la existencia de 31 solicitudes de alerta para 27 estados. Pese a los argumentos vertidos por grupos de la sociedad civil –y el alto número de feminicidios–, el sistema nacional que investiga los casos decidió no emitir alerta en siete entidades con el argumento de que los gobiernos locales han atendido las recomendaciones.
Los estados en esta situación son: Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Sonora.
En donde sí se ha emitido la alerta (mecanismo que muestra una situación grave que precisa de acciones gubernamentales inmediatas) es en el Estado de México (la primera en todo el país, aunque hasta el momento se desconoce el resultado del seguimiento a la situación de violencia), Morelos, Colima, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero y Nayarit.
Por tanto, de los 27 estados señalados por altos niveles de violencia contra las mujeres, 12 tienen alerta, en siete hasta el momento se ha determinado no emitirla y ocho se encuentran en trámite, según información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación.
El titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el viernes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, que en nuestro país ‘‘el mayor número de feminicidios se da por la propia pareja’’. En algunos estados, lamentó, recibe un castigo mayor quien roba ganado que quien viola o lastima a una mujer.
El diputado Jesús Rafael Méndez, de Nueva Alianza, le dijo que de diciembre de 2012 a Aunque el mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres requiere de algunos ajustes, es la implementación la que no está siendo adecuada, coincidieron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Recientemente se han expresado diversas voces de organizaciones civiles que han señalado fallas del mecanismo de alertas de género. En el estado de México, activistas protestaron en la Fiscalía General de Justicia y en el palacio municipal de Toluca para denunciar que la alerta declarada en 2015 no ha funcionado y que los feminicidos van en aumento.
Lo mismo expresaron el 20 de octubre pasado defensoras de los derechos de las mujeres en junio de 2017, se han registrado más de 118 mil casos de mujeres y niñas víctimas de la violencia. En los meses recientes, septiembre de 2016 a junio de 2017, fueron 25 mil 509 agresiones de este tipo.
El secretario respondió que hay nuevas reglas y que, a partir de ello, ‘‘sin politizar’’ los casos, se han emitido las alertas por primera vez desde la creación del mecanismo (en el sexenio pasado).
Comentó que hay 33 centros de justicia para las mujeres y una Sinaloa y el fiscal general de ese estado dijo el martes que no hay presupuesto para atender la problemática.
Al respecto, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del instituto, dijo que ‘‘no es la alerta la que no esté sirviendo, es la implementación la que no está siendo adecuada’’, y sobre el tema presupuestal señaló que éste ‘‘no es pretexto. Hay una obligación constitucional y convencional de la que tienen que hacerse cargo los gobiernos’’.
En entrevista, dijo que los estados ‘‘tienen una obligación primaria fundamental de proteger la vida y la seguridad de las mujeres con y sin mecanismo de alerta’’, por lo que deben cumplir con ello y no ‘‘esperar a que la Federación les llegue a línea telefónica de auxilio para reportar este tipo de agresiones (01 800 Háblalo), al tiempo que se han emprendido acciones para que en todas las entidades del país se clasifiquen estos ataques como feminicidio.
‘‘Son muchas las acciones que se han venido tomando, y quiero decirle que estamos avanzando mucho en ese tema. No es una tarea fácil pero creemos que estamos presentando bases sólidas para erradicar la violencia contra las mujeres’’, dijo al legislador del Panal. decir dónde tienen que hacer su trabajo, cuando esa ya es una obligación primaria de cualquier gobierno democrático’’.
Señaló que la utilidad de este mecanismo ‘‘ha sido extraordinaria. Nos ha ayudado a colocar en el centro de la preocupación social el fenómeno de las mujeres, a incrementar la parte de la reacción social frente a la violencia’’. Sin embargo, reconoció, apenas son dos años de implementarlas e Inmujeres tiene ya identificados ajustes para este mecanismo. ‘‘Es necesario fortalecerlo porque sí tiene una utilidad práctica’’.
En entrevista por separado, Elsa Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, dijo que el presupuesto es importante. ‘‘Desafortunadamente el recurso con el que están contando los estados para atender, prevenir y sancionar la violencia de género básicamente es el recurso federal y los estados están invirtiendo muy poco’’.
La recomendación, dijo, es que exista un fondo etiquetado para las acciones de emergencia que se derivan de las declaratorias o de las solicitudes de alerta, y que los gobiernos inviertan recursos porque los que están destinando son ‘‘insuficientes’’.
Subrayó también que tanto en el reglamento de este mecanismo como en la implementación, se requiere llevar a cabo el seguimiento a los estados donde se emite la declaratoria. Está la necesidad de que ‘‘la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) realice los informes de seguimiento y los publique’’ para vigilar que se cumplan las recomendaciones que se les hacen.