Analizará la Coridh abusos de policías contra once mujeres en el caso Atenco
La CIDH acreditó violencia física, sexual y sicológica en 2006
Mario Luna, líder de la tribu yaqui, en Sonora, señaló que cuando se dan estas visitas, el Estado mexicano “da cuenta simulada” de algunos avances en favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, dijo, su pueblo y él mismo (estuvo detenido) han vivido constante hostigamiento y criminalización por defender sus tierras. “Todo esto se da en un ambiente de impunidad. De 2010 a la fecha se han violentando los derechos de la tribu yaqui y no pasa nada. Ya hubo una resolución de la Corte para que nuestros recursos naturales sean protegidos, y nada”.
Betina Cruz, representante de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, acusó que en la zona se han instalado una serie de proyectos eólicos, para lo que arrebatan sus tierras a muchas personas. María de Jesús Eucan, de la localidad de San José Tipceh, en Muna, Yucatán, señaló que hay un proyecto de parque solar con el que se ocuparán 755 hectáreas sin que hasta el momento se les haya consultado de manera previa, libre e informada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dio a conocer ayer el calendario de su 120 periodo ordinario de sesiones, donde uno de los temas que analizará es el caso de la tortura sexual, física y sicológica de agentes del Estado contra 11 mujeres durante los operativos policiacos en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Los hechos se relacionan con las violaciones a las garantías fundamentales cometidas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el asunto a la jurisdicción de la corte en septiembre de 2016, “por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas”. Esto después de haber realizado varias recomendaciones al gobierno mexicano, que no han sido atendidas. El 120 periodo de sesiones de la Coridh se realizará del 13 al 24 de noviembre. Se espera que el caso Atenco se discuta entre los días 16 y 17. Las sentencias de este penal son vinculantes para los estados.
La CIDH presentó un informe de fondo sobre los hechos, en el que consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de agresión sexual contra las 11 denunciantes, y de violación a siete de ellas. Confirmó que esos delitos fueron cometidos por agentes estatales, en el contexto de su captura, traslado y llegada al centro de detención.
El organismo estableció que su aprehensión fue ilegal, arbitraria y no se les informó por qué ni los cargos que se les imputaban, y determinó que las 11 se vieron obligadas a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
También acreditó que el Estado mexicano no cumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, ni profundizó en la cadena de mando. El actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, quien entonces era gobernador del estado de México, asumió la responsabilidad de lo ocurrido en Atenco.
Al someter el caso a la Coridh, la CIDH lamentó que después más de 10 años no haya esclarecimiento judicial por los hechos.