La ley de seguridad interior que se analiza, potencial amenaza a garantías básicas: CNDH

Lamenta que se dé prioridad a las fuerzas armadas en las tareas anticrimen

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que la aprobación de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea discutir este jueves en la Cámara de Diputados presenta potenciales riesgos en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección a las garantías fundamentales.

“Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”.

Agregó que de ser aprobado el dictamen tal cual se plantea se seguiría relegando a las policías civiles a un papel marginal dentro de las políticas públicas inherentes a la seguridad de las personas, las cuales dan prioridad a la acción de las fuerzas armadas.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez emitió anoche un pronunciamiento sobre el dictamen de ley de seguridad interior que se debatirá este jueves por los diputados.

Recordó que hace más de una década la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiales, la nula o deficiente planeación y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración por parte de organizaciones criminales, propiciaron que se tomara la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en las acciones de seguridad, medida que, subrayó la CNDH, era excepcional y de carácter emergente y temporal. Pero esto continúa ante “la falta de acciones efectivas e integrales para el fortalecimiento de las policías en los distintos órdenes y niveles de gobierno”.

Resaltó que en el contexto del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, “los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.

Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior; una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.