Acatará el Estado fallo de la Coidh sobre acusaciones de abuso sexual en Atenco: SRE
Se ofreció reparación del daño, afirma
El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio no es causante del aumento en los índices delictivos en el país, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno.
En su participación en el noveno Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, realizado ayer en la Universidad Panamericana, dijo que el aumento de la incidencia delictiva es “multifactorial”, y citó dos de las razones que pueden explicarlo: incremento en el número de armas de fuego que hay en México y la debilidad institucional.
En los pasados 20 años, el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego aumentaron 400 por ciento, planteó Vizcaíno. “Hoy, hay más armas en la calle, es necesario establecer una política de control”, dijo.
Sobre la debilidad institucional, explicó que en el país hay 0.8 policías estatales por cada mil habitantes. “Tendríamos que alcanzar como mínimo 1.8 por cada mil habitantes en las entidades federativas. El promedio de agentes en países que integran la Organización de las Naciones Unidas es de 2.9”, dijo el funcionario de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con datos oficiales, en México hay alrededor de 127 mil policías estatales, cifra que por lo que debe llegar a 254 mil para cumplir con los estándares en la materia.
Vizcaíno advirtió que no sólo hacen falta más elementos de seguridad, sino mejor preparados, ya que hay algunos que no pasaron por la academia y no tienen formación.
Eexplicó que es necesario mejorar los sueldos de los policías, pues hay estados en los que les pagan alrededor de 5 mil pesos mensuales, cuando la media nacional es de poco más 9 mil 500.
Sostuvo que el sistema de justicia adversarial no es el causante del aumento en los índices delictivos, pues aunque aún es mejorable, “no se puede responsabilizar a este sistema de las riñas u otros actos de violencia que se registran en los penales del país.
“En el viejo sistema de justicia la sociedad estaba acostumbrada a que todo mundo tuviera prisión preventiva, lo que ahora es una excepción, no regla general”, dijo.
Orlando Camacho, director de México SOS, consideró que la situación actual en materia delictiva es producto de deficiencias y negligencias, por lo que para algunos es muy fácil echar la culpa al sistema de justicia penal, que no la tiene. El gobierno federal “acatará sin reservas la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) dicte dentro del juicio que abrió en torno a la denuncia de 11 mujeres que acusaron haber sido objeto de tortura sexual durante los operativos policiacos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco”, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
Entrevistado en el Senado, luego de su participación en las Jornadas de Análisis del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, refirió que desde 2013, el Estado mexicano “reconoció que durante los operativos del 3 y 4 de mayo de hace 11 años, ocurrieron violaciones a los derechos humanos.
“El gobierno mexicano hizo a las víctimas una oferta de reparación del daño integral, misma que no aceptaron”, recordó.
La propuesta que las autoridades pusieron en la mesa fue “entregar dinero a las afectadas, ofreció becas, pero nada respecto a la justicia, es decir, llevar a juicio y sancionar a los responsables de los ultrajes e investigar y sancionar la cadena de mando”, señalan las afectadas.
En diversas conferencias de prensa ofrecidas en los últimos años, manifestaron: “no queremos dinero, sino justicia. Que los policías responsables de haber cometido las violaciones sean encarcelados, así como quien ordenó ese operativo”.
El subsecretario insistió en que “el gobierno de México acatará, sin reservas, la sentencia que en su momento dicte la Coidh. Ahora todos estamos en manos de esa instancia. El país aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana desde 1998, y francamente es algo que está muy bien. Pensamos que el organismo, que no tiene elementos políticos, sino estrictamente jurídicos, habrá de llegar a una sentencia justa para todos”.
Recordó que la Coidh no tiene plazo determinado para dar a conocer su veredicto.
En México hay 0.8 policías por cada mil habitantes; los países de la ONU tienen 2.9